Ábalos desmiente sanciones a la vivienda vacía

Durante su visita a la feria de transporte Inno Trans, en la capital alemana, el ministro Ábalos ha reconocido que el gobierno ni siquiera considera todavía definido el concepto de “vivienda vacía” y ha asegurado que sólo se plantea medidas de incentivos.

“En el tema del alquiler lo que necesitamos es la concurrencia de las distintas administraciones, el gobierno hará lo propio, también con otros suelos con los que estamos trabajando para garantizar el acceso, y regulando los pisos de turismo. Va a ser un compendio de medidas de promoción y para evitar algunos usos del parque de viviendas”, ha explicado, “dese luego, medidas de penalización, nosotros no nos hemos planteado esto”.

“Yo también lo he visto”, ha dicho sobre recientes titulares, “pero nosotros no hemos planteado más que medidas incentivadoras, no de castigo, entre otras cosas porque previamente hay que definir muy bien el concepto de vivienda vacía. Que en algún momento no esté el morador no significa que la vivienda esté vacía. Vivienda vacía es más bien la de aquel que especula con viviendas para procurar un alza de los precios. Pero no, no estamos en esa línea, lo primero es definir el concepto y después buscar medidas incentivadoras”.

Ábalos ha afirmado también que uno de sus objetivos prioritarios es “impedir que las viviendas sociales, que han tenido esta calificación y que además han sido construidas, promovidas, con fondos públicos, es decir, con el esfuerzo de todos los españoles, evitar que se puedan privatizar con ánimo de lucro, ni los que enajenan ni los que adquieren. Eso es inadmisible. España es uno de los países de Europa con menos parque de vivienda social y nosotros vamos a implementar medidas que garanticen el carácter social de la vivienda. Nos vamos a personar, como en el caso del Instituto de la Vivienda de Madrid, que enajenó 3.000 vivienda sociales, sin conocimiento de los propios inquilinos moradores, que de pronto vieron que estaban en manos de un fondo buitre que lo primero que hizo fue replantearse el pago del alquiler. Eso es indecente. En esos casos comparecerá la abogacía del Estado para impedirlo”.

El ministro también se ha referido al decreto que será aprobado el próximo 28 de septiembre y que se transferirá a las Comunidades Autónomas la regulación del sector VTC, de modo que sean los gobiernos regionales y municipales los que concedan las licencias. La intención de Fomento es establecer un marco temporal, de entre tres y cinco años, para que las Comunidades Autónomas desarrollen los reglamentos. Pasado ese tiempo, el Estado podría revocar los permisos para operar cada dos años. El criterio no sería necesariamente un ratio de 1/30.

“Es muy complicado, ha reconocido Ábalos, “es muy desigual según cada Comunidad Autónoma y por eso es muy importante que sea cada Comunidad Autónoma la que regule”. Ha señala do que “hay Comunidades en las que el criterio 1/33 o el criterio 1/30 ya es un hecho, hay otras que es 1/25 o 1/28, incluso puede ser conveniente en algunas que haya más VTC, porque necesita más ese servicio. Y además hay que contemplar en esa regulación temas de contaminación y medio ambiente, de densidad de tráfico… y todo eso insertarlo en una política de movilidad urbana. Por ahora VTC tiene una regulación estatal que la excluye de ese conjunto, pero lo suyo es que entre en la planificación de movilidad. Estoy convencido además de que la concertación y el acuerdo es mucho más fácil realizarlo en un ámbito más reducido y de acuerdo a características más identificadas que en todo el territorio de España”.

Con este nuevo marco regulatorio las VTC estarían regidas por una normativa muy similar a la del Taxi. Una marco nacional que establece los límites generales, después de las Comunidades pondrían sus condiciones y, por último, las ciudades podrán también establecer sus propios criterios de regulación. El gobierno desea, con este decreto, evitar indemnizaciones a empresas, que podrían llegar a los 3.500 millones de euros. Cataluña, por ejemplo, ya ha exigido al Gobierno presupuesto para hacer frente a los posibles gastos que se deriven de las reclamaciones.