Un año del golpe en Myanmar: “Han muerto personas torturadas y el ejército ha cometido masacres”

Un año después del golpe de Estado que llevó a cabo el ejército en Myanmar, el pueblo birmano sigue sin reconocer la autoridad de los militares, se ha disparado la violencia, la economía del país está en caída libre y no se ve en el horizonte próximo la convocatoria de elecciones democráticas. “Hay una desaprobación popular en todo el país de la junta militar, y no hay signos de que la oposición del pueblo al golpe militar esté disminuyendo”, explica a COPE Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. Asegura que “hay un choque del ejército y la policía contra el pueblo de Myanmar. La policía y el ejército utilizan la fuerza para controlar la situación, detener a gente, disparar a la gente, impedir las protestas. Y la gente responde con boicots económicos, huelgas masivas, se niega a ir al trabajo, a pagar las facturas de electricidad y boicotean a las empresas que son propiedad de los militares”.

Desde el levantamiento militar del 1 de febrero de 2021 “han muerto más de 1.400 personas y más de 11.000 han sido detenidas; algunas quedaron en libertad, pero la mayoría siguen en prisión previa a ser juzgadas”, señala este responsable de HRW. Cuenta que “han matado a muchas personas, les han disparado en la calle, y hay muchos casos de personas torturadas hasta la muerte; hay personas que son detenidas en asaltos realizados por las noches, y son trasladadas a centros donde son sometidas a interrogatorios, donde son golpeadas, y mueren a causa de esas palizas”. Entre los fallecidos se encuentran “más de 70 niños que han muerto en diferentes circunstancias. Hay niños que han muerto en bombardeos desde el aire de zonas étnicas, en tiroteos cruzados… A los militares y a los policías les da igual si se ponen entre medias niños cuando están cometiendo abusos o intentando detener a manifestantes”.

Phil Robertson afirma que “la policía y los militares han cometido crímenes contra la humanidad, han tenido lugar masacres, hubo una masacre el 24 de diciembre en la que 35 personas fueron atadas, subidas a camiones y les dispararon. Sus cuerpos y los camiones fueron quemados; había niños entre ellos. Está habiendo episodios parecidos en otras partes de Myanmar donde hay una resistencia considerable a la junta militar”.

Militares y policías birmanos no son los únicos que cometen abusos. Según los testimonios recogidos por HRW, “hay una creciente violencia perpetrada por milicias locales formadas por la gente, las llamadas fuerzas de defensa del pueblo, que atacan a confidentes de los militares y a autoridades locales. Es un choque asimétrico, inclinado en favor de la policía y el ejército, y una resistencia creciente”. Además, “los insurgentes están utilizando cada vez más artefactos explosivos improvisados en algunos sitios, y están hiriendo o matando a civiles con esos artefactos”.

La mujer que dirigía Myanmar en la sombra, Aung San Suu Kyi se halla bajo arresto domiciliario, y ya “ha sido condenada por una serie de falsos cargos contra ella, hasta ahora a un total de seis años de prisión, pero tiene pendientes más cargos”, señala Robertson. Está claro que la junta militar “quiere mantenerla en prisión durante un largo período de tiempo. Tiene 76 años, y creemos que quieren imponerla condenas de prisión lo suficientemente largas para que no vuelva a ser libre ni a liderar ningún movimiento político y retar el poder de los militares”.

El levantamiento militar de febrero de 2021 tuvo lugar después de que la Liga Nacional por la Democracia, el partido de la jefa de gobierno de facto, Aung San Suu Kyi, ganara las elecciones de noviembre de 2020, acaparando el 83 por ciento de los escaños del Parlamento. El partido respaldado por el ejército no llegó al 7 por ciento de los escaños, y los militares -tras quejarse de que hubo fraude en los comicios- dieron el golpe.