El gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con Bruselas a implantar los peajes

No es una imposición de Bruselas, como ha dicho el director de la DGT. Pero tampoco es una propuesta o un borrador negociable. Es un compromiso firme, aprobado por la Comisión Europea y por el Ecofin –es decir, los 27 ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea, entre los que figura Nadia Calviño-- hace ya dos años. Es vinculante.

Estamos hablando de una ley para la “Financiación del Transporte”, y es inequívoca. Se basa en el concepto de “pago por uso” y está previsto implantarla en 2024. El propio gobierno español aclara que el tiempo mínimo necesario para extenderlo por toda España serán 2 o 3 años, pero garantiza que está preparado para empezar a hacerlo funcionar el año que viene.

Ni más ni menos. Es una de las reformas que la UE espera de España a cambio del sexto tramo de subvenciones del Plan de Recuperación: 8.000 millones de euros, a cobrar en junio de 2024. Si no cumplimos, gobierne quien gobierne, nos arriesgamos a perder parte de estas ayudas.

El documento completo pactado entre España y Bruselas se puede consultar aquí. Concretamente, el apartado referido a los peajes está en el apartado de Reforma 2 (C1.R2): Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, y dice así:

La Ley que se promulgue contemplará, como mínimo:

* La creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de «quien contamina paga». El objetivo de esta medida es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Y, efectivamente, aparece una fecha no negociable:

"La medida se publicará en el BOE a más tardar el 31 de diciembre de 2023".

Pero hay más. En el dossier oficial del Gobierno, público y en español, también se detallan todos los compromisos adoptados por el equipo de Pedro Sánchez. Y lo de los peajes, está ahí.

El documento de Moncloa

Tan sencillo como buscar este documento en la web de Moncloa. En las páginas 14 y 15 se lee lo siguiente acerca de la futura Ley de Movilidad y Financiación del Transporte Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

"En particular, esta Ley prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario “usuario pagador” y también del principio de “quien contamina paga”.

Con una red estatal que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios".

Después, en este mismo apartado se pueden seguir encontrando justificaciones y motivos en clave ecológica. Pero la intención de implantar un peaje es inequívoca. Y quien lo pagará, también:

"La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(…) la introducción de un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación en la red viaria estatal se dirige a los titulares de los vehículos que circulen por la Red de Carreteras del Estado ya sean nacionales o extranjeros. En el caso de los vehículos pesados de mercancías, se pretenden imponer las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores".

Los plazos

El objetivo del Gobierno es empezar a implantarlo en 2024 y terminar lo antes posible, una vez que se tenga la infraestructura necesaria para poder cobrarlo. Para comprobarlo, basta ir a la página 20:

"En concreto, se prevé establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías. Esta reforma introduce en España los principios “el que contamina paga” y “el que usa paga”. Así, se dota al sistema de un mecanismo para garantizar su sostenibilidad financiera en materia de costes de conservación y mantenimiento de las infraestructuras viarias, y se introducen incentivos a los vehículos más sostenibles y eficientes".

La implantación efectiva de este mecanismo de pago por uso se podría realizar en el año 2024. De acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional.