El Grupo de Lima rechaza el uso de la fuerza en Venezuela

Los ministros de Asuntos Exteriores de los integrantes del Grupo de Lima han emitido este lunes una declaración desde Bogotá en la que rechazan el uso de la fuerza como fórmula para superar la crisis política en la que se encuentra sumida Venezuela y desoyen así los llamamientos de la oposición.

Los países representados "reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza", indica el comunicado final de la cita, difundido por distintos gobiernos.

En el grupo participan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, este último representado por el que consideran presidente legítimo del país, el presidente autoproclamado Juan Guaidó. Además ha estado presente en Bogotá el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Además, en el texto los países condenan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por impedir el acceso de la ayuda humanitaria que prentendía introducir por la fuerza la oposición el pasado 23 de febrero. "Han impedido, el 23 de febrero, el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil", subrayan.

Este comportamiento supone, según los firmantes, una "denegación del acceso a la asistencia internacional", lo que constituye "un crimen de lesa humanidad".

Consideran también que "el régimen ilegítimo" de Maduro está "sometiendo intencionalmente a los venezolanos, y en particular a la población más vulnerable, a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder".

A lo que suman la "violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados" para obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y "para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades".

Asimismo defienden "impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela" y subrayan que "la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región".

Venezuela se encuentra sumida en una crisis política desde el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país tras denunciar la ilegalidad del nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, quien inició el 10 de enero un nuevo mandato.