La justicia de Brasil aumentó la pena de Lula a 12 años de prisión

Fue por unanimidad. Los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) no solo confirmaron la condena de nueve años y medio de prisión dictada por el Juez del Lava Jato Sergio Moro, sino que los magistrados de segunda instancia aumentaron la pena a doce años y un mes.

João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus rebatieron todos los argumentos de la defensa del ex mandatario y concluyeron que "Hay pruebas, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción que operó en la estatal Petrobras”.

Además de elevar la pena, los tres magistrados han coincidido en que Lula, que de momento no será detenido, tendrá que cumplir la condena en régimen cerrado y que podrán ordenar su detención cuando la defensa no cuente con más recursos para intentar modificar la condena en segunda instancia.

No obstante, la confirmación de esta pena podría ser el comienzo del fin de la carrera política de Lula da Silva ya que podría quedar inhabilitado para presentarse como candidato del Partido de los trabajadores (PT) en las próximas elecciones presidenciales de octubre, en virtud de la Ley “Ficha Limpia”, que él mismo impulsó desde su presidencia entre 2003 y 2010. Pero la última palabra sobre su futuro como candidato a presidente, que encabeza las encuestas con un 36% de intención de votos, aún no está dicha. En el amplio abanico de vericuetos judiciales y como última instancia será la Justicia Electoral, quien decida si Lula puede o no competir en los próximos comicios.

El fundador del PT, de 73 años, ha sido el presidente más popular de la historia de Brasil, pero a la vez acumula un total de siete causas abiertas en la Justicia. La mayoría por sospechas de corrupción, y una condena.

Las causas Judiciales

Lujo en la Playa: Lula está acusado de recibir un triplex de lujo, valuado en 750.000 dólares en el balneario de Guarujá de San Pablo para beneficiar a la constructora OAS con obras en la estatal Petrobras cuando aún era presidente de Brasil.

Por esta causa el Juez Sergio Moro lo condenó en primera instancia a nueve años y medio de prisión, ratificada y aumentada por los jueces de segunda instancia.

A través del Instituto Lula Negoció con Odebrecht un soborno de 3.700.000 dólares para la compra de un terreno con el fin de erigir el instituto que divulga su legado. La fiscalía afirma que el delito se consumó con la mera aceptación del soborno, un piso contiguo al que habita en San Pablo.

En la causa Residencia de Atibaia, el ex presidente está acusado de recibir sobornos de Odebrecht y OAS para reformar una hacienda en Atibaia (San Pablo), que la fiscalía afirma es de Lula, a cambio de contratos con Petrobras.

Durante el mandato de su sucesora y protegida política, Dilma Rousseff (2011-2016) el Estado brasileño compró Aviones suecos de combate Gripen, por 5.000 millones de dólares. Se lo acusa de Lavado de dinero y tráfico de influencias, además de recibir mas 700.000 dólares a través de una empresa de su hijo Luis Claudio

Lula da Silva también está acusado de Obstrucción a la justicia al supuestamente participar en un plan para comprar el silencio del ex directivo de Petrobras Nestor Cerveró, involucrado en el fraude a la petrolera estatal.

Los cargos por Tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero se han incrementado por su influyente participación en la política de financiación del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht y una presunta contraprestación de 6,5 millones de dólares. También fue acusado junto a la cúpula del Partido de los Trabajadores, del cual es su cofundador, de haber cobrado ilegalmente 463 millones de dólares, usando a la administración pública.