El nuevo ministro del Interior de Perú defiende la legalidad de su nombramiento

El nuevo ministro del Interior de Perú, Juan Manuel Carrasco, ha defendido la "legalidad" de su nombramiento tras el anuncio de la Fiscalía sobre una apertura de una investigación en su contra.

"Mi nombramiento no es ilegal, cumplo con todos los requisitos para ser ministro", ha señalado en declaraciones a la emisora de radio RPP. Así, ha especificado que solicitó su dimisión como fiscal el lunes, antes de asumir su cargo como ministro: "la ley establece que desde que uno presenta su renuncia deja de ser fiscal".

En este sentido, ha manifestado que "se ha cumplido con todo el procedimiento de manera transparente". "Nunca ejercí como ministro hasta hoy, no he firmado una sola resolución", ha afirmado.

Carrasco ha recordado que el 27 julio presentó una solicitud para dejar la Fiscalía tras recibir la propuesta del presidente, Pedro Castillo, para integrar el primer Consejo de Ministros de su Gobierno. Entonces, optó únicamente por pedir la "licencia sin goce de haber", permiso que un empleador da a un trabajador, porque su nombramiento "no estaba asegurado".

"Estaba propuesto, pero no estaba seguro", ha dicho antes de concretar que no fue hasta el 29 de julio que juró el cargo como ministro. Para ello, ha explicado, se reunió con varios especialistas que le recomendaron la opción menos "perjudicial" para su situación laboral como fiscal, cargo que ejercía desde hacía doce años.

Sin embargo, ha matizado que su renuncia tiene un carácter "irrevocable", por lo que ha de ser aceptada por la Junta de Fiscales Supremos, una decisión que puede llevar meses. A su vez, ha reconocido que su caso es "excepcional".

En un comunicado, el Ministerio Público confirmó el lunes la apertura de una investigación en su contra y señaló que Carrasco solicitó una "licencia sin goce de haber", que fue aprobada el 27 de julio.

La resolución incluye un permiso de 90 días desde el 28 de julio para Carrasco, especializado en crimen organizado. Por ello, la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar dada "la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro de Estado, a fin de determinar si se habrían transgredido normas constitucionales o legales que rigen el Ministerio Público", tal y como indica en un comunicado.