El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Puigdemont para que sea juzgado

El Parlamento Europeo ha votado a favor de levantar la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los tres seguirán siendo eurodiputados y cobrando por ello, no obstante, podrán ser juzgados por los delitos que tienen pendientes.

Por 404 votos a favor, 247 votos en contra y 42 abstenciones el suplicatorio ha salido adelante. Ha contado con el voto favorable de los grandes grupos parlamentarios como los Populares europeos, los Socialistas y los Liberales. En contra han votado Los Verdes y el grupo de la Izquierda Radical donde se agrupan los socios del gobierno de coalición en España como Podemos, Izquierda Unida o Bildu. El PNV, aunque pertenece a otra formación diferente, también ha votado en contra de retirarles la inmunidad a los tres políticos catalanes.

En contra también ha votado gran parte de la extrema derecha liderada por el Frente nacional francés y la Liga italiana.

El Parlamento Europeo, con esta votación, no entra a valorar si el ex presidente Puigdemont y sus dos ex consellers son culpables o inocentes, solo si los presuntos delitos cometidos han tenido lugar en el ejercicio de sus funciones como Eurodiputados.

SE ABRE EL CAMINO PARA SU VUELTA A ESPAÑA

Esta decisión del Parlamento Europeo permite que se retome en Bélgica la Orden Europea de Detención y entrega, es decir, el proceso judicial para que se les juzgue por los delitos que tienen pendientes y por los que España les reclama desde hace años.

No es la primera vez que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí se enfrentan a este proceso judicial que por cierto es lento, complejo y con varios recursos que inevitablemente lo alargarán en el tiempo.

En estos momentos, hay un precedente que corre a favor de los políticos independentistas y es la reciente decisión de la justicia belga sobre el ex conseller Lluís Puig. También fugado de la justicia española Puig no es eurodiputado y por lo tanto se tuvo que sentar en el banquillo hace unos meses. Entonces dos tribunales de Bélgica rechazaron su entrega a España porque según su criterio el Tribunal Supremo no era la competente para emitir la euroórden