Madrid - Publicado el - Actualizado
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Ha llegado la hora de la verdad. El Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, deberá ofrecer una respuesta definitiva al requerimiento del Gobierno en pocas horas. El presidente del Gobierno lo ha repetido hasta la saciedad: hay una última oportunidad que pasa por el abandono del proceso de independencia y la vuelta a la legalidad constitucional, para emprender un diálogo dentro de la ley y en la sede de la soberanía nacional. Cataluña y España no se merecen esta tensión política y social cuyas nefastas consecuencias en todos los campos apenas empezamos a entrever.
Puigdemont solo necesita pensar más en el futuro de los ciudadanos, en las condiciones que han hecho posible el bienestar y la paz social, y menos en sus quiméricos sueños de una independencia que no es posible ni es real. Pero si persevera en la quiebra de la legalidad, el Gobierno, apoyado por los partidos constitucionalistas, aplicará el artículo 155 de la Constitución para restablecer el orden que permite la convivencia y la libertad de todos, con la complejidad y el desgaste que dicha aplicación implicará en las próximas semanas.
En todo caso esta circunstancia ya está poniendo a prueba la calidad, no sólo de nuestro sistema institucional, sino de nuestra cohesión social y de nuestros valores compartidos como nación.