Carta del Papa a los Obispos de los Estados Unidos

El cambio de gobierno legítima y democráticamente decidido por los ciudadanos estadounidenses no implica que todas y cada una de las decisiones adoptadas por la administración Trump deban ser aceptadas de manera acrítica. Los actos de gobierno deben y pueden ser objeto de juicio moral. Y esto es lo que el Papa Francisco ha hecho, en coherencia con el Evangelio y la tradición teológica y moral de la Iglesia católica, al dirigir una Carta a los Obispos católicos de Estados Unidos sobre el programa de deportaciones instaurado por el Gobierno estadounidense. Las convicciones y verdades expresadas en la carta son claras: ser emigrante no es ser criminal; el verdadero imperio de la ley es el que presta un trato digno a toda persona; el cristianismo no concibe al ser humano como un individuo aislado sino como una persona que se desarrolla en su relación con los demás; la sociedad no es un campo de batalla donde impera la ley del más fuerte y las ideologías corrompen la verdad de las cosas. Nada nuevo, a pesar de quienes pudieran rasgarse las vestiduras.

Nadie niega el derecho de las sociedades a proteger los bienes de la libertad y la justicia frente al crimen, ni el derecho de los Estados a regular los flujos migratorios. Pero eso nada tiene que ver con la discriminación y el maltrato a los migrantes. La Iglesia ha cuidado, protegido y defendido a emigrantes y refugiados desde el más absoluto respeto a sus derechos humanos, y va a seguir haciéndolo. Y esto, en el presente de Estados Unidos, implica no ceder a la tentación de narrativas que discriminan y causan injusticia. Implica también el deber cristiano de anteponer la caridad y la fraternidad a la lógica de la exclusión.