Corrupción económica y corrupción institucional

El impacto de la corrupción política es difícil de calcular. Algunas estimaciones apuntan que, aunque esa corrupción no sea generalizada, puede suponer una merma de medio punto del PIB, lo que suponen 7.000 millones de euros. Cuando hay noticias de que algunos líderes de partidos políticos y altos cargos cobran comisiones por las adjudicaciones de contratos en el sector público, se genera una sensación de inseguridad jurídica. Antes de que concluyan las investigaciones judiciales ya hay un estado de opinión. Y muchos empiezan a pensar, fuera y dentro de España, que para conseguir un contrato en nuestro país no sirve competir dentro del marco legal. Ese estado de opinión ahuyenta las inversiones y ese es uno de los grandes daños que provoca el caso de Aldama, Koldo y Ábalos. Un caso que, por lo que vamos sabiendo, está muy cerca del presidente del Gobierno.

Más perniciosa aún es la corrupción institucional. El fiscal general del Estado está imputado por un posible delito de revelación de secretos. Hemos conocido en las últimas horas una investigación de la Guardia Civil en la que se asegura que García Ortiz tuvo una participación preminente en la filtración de los datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es muy probable también, como apunta el caso Lobato, que la filtración se utilizara desde Moncloa con fines políticos. Estamos hablando del uso de los engranajes más delicados del Estado de Derecho con fines partidistas. Estamos hablando de la calidad de la democracia.