Un daño moral y constitucional irreversible

El acuerdo que el PSOE ha firmado con Junts para eludir la cuestión de confianza promovida por los separatistas constituye una agresión a elementos fundamentales de nuestra convivencia democrática. Aunque la transacción de intereses personales entre socialistas e independentistas cuenta con precedentes como la ley de amnistía, una eventual delegación de la gestión migratoria supondría un punto de no retorno en la estructura del Estado y la quiebra de algunos consensos morales esenciales. Ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional que establece la naturaleza antijurídica de dicha cesión. Más allá de su imposible encaje legal, las premisas xenófobas de este acuerdo son contrarias al orden que el Gobierno está obligado a proteger.

Como ha destacado el propio Puigdemont, se trata de una competencia que corresponde exclusivamente a los Estados. El prófugo de la justicia no dice nada distinto de lo que en su momento sostuvieron el ministro del Interior Grande-Marlaska y la ministra portavoz Pilar Alegría, quienes ahora parecen dispuestos a quebrar su palabra pública. Este nuevo cambio de opinión, el enésimo, evidencia el oportunismo del presidente y la fragilidad parlamentaria del PSOE. En esta ocasión no solo se estarían lesionando las garantías constitucionales, sino que se estaría alterando un elemento esencial de la soberanía y de la estructura de nuestro Estado de derecho. Y todo, para acomodar los intereses personales de dos hombres: Sánchez y Puigdemont.