Firmeza institucional en defensa de la Constitución

El Gobierno de España, consciente de la situación de excepcionalidad institucional abierta hoy por la mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña, ha activado por vía de urgencia todos los mecanismos a su alcance para defender el orden constitucional frente al mayor atropello perpetrado desde que se implantara el régimen democrático en España. En palabras de la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría, los acuerdos adoptados hoy para aprobar una Ley de referéndum, cercenando el derecho de los grupos de la oposición, representan una patada al Estado de Derecho, y por consiguiente, una vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades. Por eso el gobierno de Mariano Rajoy ha ordenado a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha solicitado que el alto tribunal tome declaración a los miembros de la mesa del Parlament que han votado a favor de la admisión a trámite de dicha ley, para exigir las responsabilidades penales oportunas.

A estas alturas, y sin que haya concluido el día, no se trata ya del choque de voluntades políticas o de pareceres sobre la soberanía. De lo que se trata ahora es de hacer que los responsables de este golpe contra la Constitución se vean forzados a cumplir la ley y se atengan a las consecuncias de sus actos. El independentismo ha perdido el norte, ha convertido sus quimeras en un enorme problema institucional, pero también de convivencia, que no debe arrastrar al desastre ni a Cataluña ni al conjunto de España.