Un Fiscal General en el banquillo

El Tribunal Supremo ha citado como imputado al Fiscal General del Estado y a su mano derecha, como sospechosos de haber revelado información reservada sobre la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, el juez apunta directamente a Presidencia del Gobierno porque, según el magistrado, habría circulado un correo con información reservada sobre el empresario González Amador, con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno. La resolución del Alto Tribunal destaca que Moncloa pasó el email a Juan Lobato para que lo usara con una clara finalidad política. Simplemente con las dimensiones del escándalo que ya se conoce, debería bastar para que se produjeran o la dimisión o el cese del Fiscal y las explicaciones oportunas por parte de La Moncloa.

El Ejecutivo prometió, por boca de Pedro Sánchez, máxima colaboración con la Justicia, y ha terminado por acosar a los jueces. Aunque saliera adelante ese despropósito de ley que ya se conoce como “Ley Begoña”, es difícil que parara la causa del Fiscal. En cualquier caso, la situación de corrupción que rodea a un Gobierno entregado a la demagogia y a la huida hacia adelante sería insostenible en cualquier país de nuestro entorno. Con el Fiscal García Ortiz en el banquillo habría que preguntar a Sánchez, aunque fuera retóricamente, “de quién depende la Fiscalía” y preguntarle asimismo si, incluso una vez imputado ante el juez, hay que seguir pidiendo perdón al Fiscal General del Estado.