Intervención en los medios

Nuestra Constitución no establece que existan necesariamente medios de comunicación en manos del Estado o de las Comunidades Autónomas. Pero deja claro que, de existir, deben respetar el pluralismo de la sociedad y el acceso esos medios de grupos sociales y políticos significativos. El año pasado, por medio de un decreto, el Gobierno modificó el número y el sistema de elección de consejeros. Con el nuevo sistema se rebaja la mayoría en el Congreso para elección de los consejeros, con lo que no es necesario un amplio consenso. El aumento del número de consejeros da un peso excesivo a las minorías parlamentarias y desequilibra el pluralismo proporcional.

Esta intervención del Gobierno de Sánchez en los medios públicos se ha extendido desde hace meses a los medios privados. El Gobierno quiere que los accionistas de Prisa, uno de los mayores grupos de comunicación de España, apoyen su proyecto de poner en marcha una televisión que le sea afín. La prensa francesa ha referido como el Gobierno ha querido presionar al grupo Vivendi para que venda sus acciones en Prisa, utilizando el poder que tiene en Telefónica.

La presencia del Estado en el accionariado de Telefónica para garantizar la españolidad de un sector estratégico no puede utilizarse para tomar el control de empresas de medios con fines ideológicos. Sánchez está obsesionado con la intervención en medios públicos y privados, bien tomando su control o sesgando la inversión publicitaria.