La Justicia sigue su curso

Por fin llegó la hora. Tras meses de espera reglamentaria, el Tribunal Supremo abre juicio oral contra dieciocho encausados por liderar el proceso secesionista en Cataluña. Esta nueva etapa permitirá que se conozcan las declaraciones de quienes asumieron en primera persona la responsabilidad del diseño, puesta en marcha y gestión de un proceso político ilegal que tenía como meta la quiebra del marco jurídico-político constitucional español. Los jueces habrán de determinar si los delitos que se les imputan son tales, si hubo o no hubo rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos, qué papel desempeñó cada uno de los encausados y cuáles son sus responsabilidades penales.

El Tribunal Supremo citará a declarar a ex miembros del Gobierno de la Generalitat, cargos representativos electos y líderes sociales, y en sus declaraciones tendrán la oportunidad de explicar debidamente y con todos los detalles cuál era el objetivo que perseguían y qué instrumentos usaron para alcanzar su meta. En un Estado de Derecho el régimen de garantías procesales asegura que se aplicará la ley, y que la sentencia final se adoptará de acuerdo al Código de Derecho Penal desde la más escrupulosa obediencia a la Constitución. Además el resultado de este juicio será trascendental en el ámbito político catalán, y español en su conjunto, porque no puede haber política verdadera fuera del marco de la ley.