Nueva cesión al independentismo

La ministra portavoz, Pilar Alegría, dijo hace apenas un mes que, de acuerdo con la Constitución, las competencias migratorias correspondían a la administración central del Estado y que, por tanto, no se podían traspasar a Cataluña. Hoy hemos comprobado que el Ejecutivo socialista vuelve a ceder a las imposiciones del independentismo. A partir de ahora, Cataluña podrá expulsar inmigrantes, controlará los centros de internamiento de extranjeros, gestionará sus documentos y los Mossos compartirán el control de la frontera con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Al escuchar a los portavoces de Junts se entiende el alcance y la gravedad de lo pactado. Jordi Turull ha dicho, literalmente, que esta nueva ley permitirá las herramientas de Estado para “tener un solo pueblo” y que permite tener unas competencias que no forman parte del “café para todos”, sino que refuerzan “el reconocimiento nacional para Cataluña”.

El Estado de Derecho vuelve a quedar a los pies de los caballos con la negociación semiclandestina del Gobierno con Puigdemont, un prófugo de la Justicia que no podría ser interlocutor válido en ninguna democracia avanzada, pero que demuestra una y otra vez ser el auténtico poder en la sombra. La debilidad parlamentaria de Sánchez le ha llevado a poner en almoneda elementos esenciales de nuestra arquitectura constitucional, todo ello envuelto en una narrativa meliflua que pretende hacer digeribles cosas que hasta ayer eran intolerables. Lo previsible es que esta norma sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, y lo lógico sería que no obtenga su aval. Pero ya no es posible hacer previsiones razonables.