La pelota vuelve al Fiscal General del Estado

La declaración del jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, como testigo en la causa que investiga la supuesta implicación del Fiscal General del Estado en la filtración de los mensajes de la pareja de Díaz Ayuso, ha dejado en evidencia la estrategia de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. 

Esa estrategia pretendía hacer responsable del caso a Rodríguez para exculpar a Álvaro García Ortiz. Como quedó demostrado en su comparecencia, el jefe de Gabinete de Ayuso filtró a los medios un mensaje del acuerdo del novio la presidenta de Madrid con la Fiscalía, con la anuencia del González Amador, despúes de que se hubieran hecho públicos datos secretos de una causa que estaba sometida a la obligación legal de reserva. 

En este sentido, Rodríguez ofreció datos y pruebas y no sembró el caso de bulos, como se le ha acusado en reiteradas ocasiones. La pelota vuelve al tejado del Fiscal General del Estado y de su entorno, donde, en realidad siempre ha estado.

Dentro del conjunto de casos judicializados que afectan a Pedro Sánchez, éste del Fiscal General del Estado tiene una especial relevancia. Lo que está en juego aquí es la implicación del Fiscal en una operación para deslegitimar a un rival político, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y todo esto mediante la revelación de datos de un ciudadano particular para intentar contrarrestar también lo referido a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

 El caso de Álvaro García Ortiz está produciendo un daño reputacional sin precedentes en una de las instituciones principales del Estado.