Al servicio de su interés personal

Los asuntos judiciales de Alberto González Amador, a quien por ser novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid han convertido en pieza de caza política, se han convertido en asunto prioritario para el fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz lleva meses al servicio de una causa que, a estas alturas, está claro que tiene más de política, que judicial. Su último movimiento es una muestra más de que no piensa apearse de la fiscalía general. Y no solo no se apea, sino que sigue actuando de manera unilateral y al servicio de intereses de parte. 

Contra el parecer del Consejo Fiscal, García Ortiz se ha mostrado resuelto a seguir adelante con el nombramiento de coordinador de la nueva Fiscalía de delitos contra la Administración Pública. Para este cargo, el fiscal general busca a un afín. La sospecha, más que legítima, se cierne sobre todos sus movimientos. El fiscal general, imputado por revelación de secretos, quiere decidir sobre la persona en la que recaerá una decisión que afecta a sus personalísimos intereses. Y lo hace sin inmutarse, al tiempo que se parapeta tras los muros de una de las más altas magistraturas del Estado. Un fiscal imputado debería dar ejemplo. Es decir, debería dimitir, convertirse en un ciudadano más sin prebendas ni apoyos excepcionales y dejar que el proceso judicial siguiera su curso. De este modo demostraría que la judicatura funciona, que no sirve a intereses de parte y que cualquier ciudadano español, también él, goza de todas las garantías procesales cuando se enfrenta a la Justicia.