El Supremo no es una marioneta

El auto que hemos conocido del Tribunal Supremo, en el que ratifica que la malversación cometida por los líderes del Procés no es amnistiable, ha supuesto un varapalo muy importante para el Gobierno, empeñado en colocar bajo sospecha a todo el que no se muestre afín a su hoja de ruta, especialmente a los periodistas y a los jueces, claves para instaurar el relato y favorecer una interpretación laxa y acomodaticia de la legalidad. La cantinela de que los jueces están incumpliendo “la voluntad del legislador” supone un asalto sin disimulo a la separación de poderes. El ministro Marlaska, en esa misma línea, ha dicho esta mañana que los ministros deben criticar a los jueces por salud democrática.

El Tribunal no puede ser más claro cuando afirma que entre la voluntad política que determina un cambio legislativo y los enunciados normativos con los que ese cambio pretende llevarse a cabo, es indispensable un enlace lógico, coherente y acorde con elementales exigencias de técnica jurídica. Solicitar a los jueces que interpreten la ley de Amnistía sin otra referencia que la que proporciona la supuesta voluntad del legislador es pedirles que abdiquen de su función como jueces. No basta con la voluntad política para amnistiar un hecho. El Gobierno lo sabe, y eso explica su nerviosismo y las atropelladas muestras de injerencia en la labor del Poder Judicial, que cada vez son más frecuentes y torpes.