Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado su intención de retirar la protección a 200.000 ciudadanos salvadoreños para quienes su futuro, en los próximos 18 meses, no será otro que la deportación, si antes no consiguen un permiso de residencia. De este modo se pondrá fin al Estatus de Protección Temporal del que gozaban los salvadoreños, como antes haitianos y nicaragüenses.
El programa de protección especial fue una medida política y humanitaria que permitió la acogida regulada de salvadoreños que en los años 80 y 90 del siglo pasado emigraron como consecuencia de una sangrienta guerra civil y dos devastadores terremotos en 2001. Todos ellos afincados en Estados Unidos y muchos con hijos, que no pueden ser expulsados, serán objeto de una medida unilateral que ni siquiera ha contado con una negociación con el Gobierno de El Salvador.
Es verdad que estas medidas eran temporales, pero no lo es menos que los ciudadanos acogidos gozan de arraigo, se han casado, trabajan y pagan sus impuestos, y además, sus vidas corren peligro si regresan a su país. Trump quiere gobernar como si Estados Unidos pudiera desentenderse de la vida de los ciudadanos procedentes del resto del continente americano, hasta el punto de arrojarles fuera de sus fronteras. Cabe preguntarse si reaccionará el Congreso, o si tomarán postura la OEA y los gobiernos centroamericanos. En Naciones Unidas se va a abrir la negociación de un marco mundial sobre migración, y difícilmente podrá sustraerse Trump a lo que se decida.