El Gobierno ha vuelto a utilizar hoy la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros para tratar de marcar el camino a los jueces. Aunque haya dejado de ser una novedad, cada vez que se produce resulta más escandalosa. Primero fue la Generalitat la que salió en tromba y ahora, en sintonía, el Gobierno muestra su disgusto por la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía a cuatro condenados y tres acusados de malversación, entre ellos Carles Puigdemont. Es evidente que esto ha complicado los ya de por sí complejos pactos poselectorales en Cataluña y, sobre todo, vuelve a poner en un brete a Pedro Sánchez que sobrevive políticamente gracias a los tristemente famosos siete votos del prófugo de Junts.

El Gobierno no esconde su malestar y advierte al Supremo que la ley es muy clara y que los jueces no tienen más que hacer que aplicarla. El Gobierno lleva tiempo intentando remover cualquier obstáculo a sus proyectos, a su mera voluntad de poder, por eso no respeta la separación de poderes y cuestiona a instituciones fundamentales del Estado, cuya erosión va a ser difícil de reparar. El hecho es que la chapuza jurídica y la vergüenza ética de esta ley de amnistía empiezan a pasar factura al Gobierno, y su hoja de ruta con el independentismo está cada vez menos clara. Aunque les moleste, los jueces siguen siendo independientes.