Independencia de la justicia

Los problemas económicos, el desabastecimiento y la guerra han hecho pasar a segundo plano otros asuntos importantes. Uno de ellos ha sido el cambio al que se ha visto forzada la Fiscal general del Estado en el conflicto de competencias en torno a la investigación del contrato de compra de material sanitario para la Comunidad de Madrid, en el que actuó como intermediario Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad. La Fiscalía Anticorrupción había comenzado su trabajo cuando la Fiscalía Europea reclamó la competencia, argumentando que se trataba de un asunto relacionado con la Unión. La Fiscal general, Dolores Delgado, se puso del lado de la Fiscalía Europea que, curiosamente, tiene como delegada en España a Concepción Sabadell, cercana al Gobierno.

Este lunes la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo ha parado los pies a Delgado, al establecer que el caso debe quedar en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Lo interesante del asunto es que la Junta de Fiscales ha entregado un escrito a Delgado pidiéndole que se aparte de la investigación por su procedencia política. Desde que Dolores Delgado fue nombrada Fiscal general del Estado, a los pocos días de salir del Gobierno, todas sus decisiones están acompañadas de una sombra de duda. La independencia de los jueces y de los fiscales es esencial para mantener la calidad de un sistema democrático. Pero parece que el Gobierno de Sánchez no lo entiende, y con eso hace mucho daño a la imagen de España.