El fenómeno de la inmigración ha entrado a fondo en la confrontación política española para poner en evidencia sus limitaciones ante uno de los procesos globales más complejos e interpeladores del presente. La desorientada propuesta del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, de que la Armada impida la salida de cayucos de las costas africanas, es una “ocurrencia” ante la inacción de un Gobierno que está más preocupado por su imagen que por trazar una política eficaz y consensuada. Las políticas de inmigración no deben ser políticas de partido, sino políticas de Estado. Hay que superar la contraposición entre seguridad y defensa de la dignidad humana. Nadie saldría de su país si tuviera una alternativa mejor. Es necesaria la apertura de vías legales que ordenen el flujo migratorio.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor García Magán, insistió ayer en que hay que rechazar “la instrumentalización ideológica y política, y los discursos alarmistas sobre la inmigración”. Para la Iglesia es claro que la acogida a los inmigrantes se inscribe dentro de la defensa integral de la vida y de la dignidad de la persona. Monseñor García Magán ha insistido en que vincular de forma permanente la delincuencia con la inmigración es una grave distorsión de la realidad. A su juicio, para afrontar este fenómeno deben primar los criterios de ayuda en origen, solidaridad interterritorial y acogida integral de las personas, todo ello en el marco de un necesario acuerdo de Estado.