Una ley contra la historia y la libertad de expresión

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática supone la imposición de un proyecto ideológico a la sociedad española basado en una visión oficial y obligatoria de la historia, y en la limitación de las libertades básicas de expresión y de cátedra. Son muchos los aspectos de esta ley que la convierten en un retroceso para la democracia. Por eso es importante el compro miso adquirido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, de derogarla cuando llegue al gobierno.

Se impone, por ejemplo, la obligatoriedad de enseñar una versión ideologizada de lo que ocurrió durante la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Se niega la posibilidad de una rigurosa investigación histórica sobre ese período, que podrá ser tildada de “exaltación del franquismo”, un hecho perseguible de oficio. La versión que se impone está construida sobre un maniqueísmo que separa a los españoles en buenos y malos despreciando datos históricos relevantes. Además, supone un desprecio de la reconciliación que hizo posible la transición, que esta ley impugna en el fondo.

Entre otras disposiciones, que suponen una vuelta de tuerca a la Ley de memoria histórica de Zapatero, está la modificación de los libros de texto, la resignificación del Valle de los Caídos (con el incierto futuro de la Basílica) o la investigación sobre la vulneración de derechos humanos desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 hasta diciembre de 1983. Esta última es una exigencia de Bildu, inaceptable desde el punto de vista de la seguridad jurídica y desde el punto de vista moral.