Línea Editorial COPE: El alto precio de la amnistía

La negociación con Junts para la aprobación de la Proposición de Ley de Amnistía no está siendo lo cómoda que Pedro Sánchez deseaba. El presidente aseguró la semana pasada que todos los independentistas catalanes serían amnistiados porque todo el mundo sabía que no eran terroristas. Sánchez olvidó que entre sus funciones no están ni las de acusar ni las de juzgar. Él debe limitarse a gobernar. Y ayer quedó claro cuando la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, en el escrupuloso ejercicio de sus funciones, apreció delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, al mismo tiempo que avaló la investigación a Puigdemont.

El Gobierno corrió raudo a manifestar públicamente su respeto a las decisiones de la Junta de Fiscales, pero dejó claro, a través de su portavoz, Pilar Alegría, que la última palabra “la tiene, quien la tiene”. En clara referencia al Fiscal General del Estado, García Ortiz, el Gobierno olvida que la decisión de la Junta de Fiscales ha sido adoptada por una mayoría de 11 contra cuatro. Y esto significa que en un órgano jerárquico como el Ministerio Público los fiscales no concuerdan con la posición del Fiscal General. El precio de la amnistía es extremadamente alto, como se pone de manifiesto cada vez que de manera impune se ataca, por razones estrictamente ideológicas, la independencia de los jueces y los fiscales. Estos no están al servicio del Gobierno ni de las mayorías parlamentarias, sino al servicio de la ley que es garantía de igualdad para todos.