Línea Editorial: "Politización indebida"

Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones del Gobierno y líder de Sumar, concedió el pasado domingo una entrevista en la que se lee que la amnistía debe ser fruto de un pacto histórico y no de la decisión unilateral de una de las partes. Y para favorecer su consecución, explica Díaz, va a buscar la adhesión de empresarios, organizaciones sindicales y sociedad civil. Todo con el único objetivo de poner por escrito que aquello que de manera deliberada sucedió en octubre de 2017 ni es delito ni conlleva pena alguna. Según eso, si Puigdemont está en Bélgica es porque se defiende de un Estado represor. Y para que Pedro Sánchez pueda hacer posible la tramitación de una ley de amnistía, aparentando que no es una concesión graciosa, sino un ejercicio de responsabilidad, nada como conseguir, además de los votos parlamentarios, la adhesión de la patronal y los sindicatos. Ya ha dicho Garamendi que él no se suma. Ni en la UGT ni en Comisiones Obreras han dicho una palabra. Sí lo ha hecho el ex secretario general Cándido Méndez, para oponerse.

La patronal y los sindicatos no son actores políticos. Son los partidos políticos los que por mandato constitucional concurren a la formación y expresión de la voluntad popular. Así se lee con absoluta claridad en los artículos 6 y 7 de la Constitución Española, que una vicepresidenta del Gobierno tiene la obligación de conocer y de cumplir. Una investidura es un asunto que compete a las Cortes y a los grupos parlamentarios, pero Sánchez necesita persuadir a los actores sociales ante el evidente rechazo que el precio impuesto por los nacionalistas está suscitando.