Una sospecha inquietante

Después de que la defensa de Oriol Junqueras presentara un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando su liberación, y tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todas las miradas están puestas en la posición que va a tomar la Abogacía del Estado. Pese a la complejidad técnica del Informe que deben presentar los servicios jurídicos del Estado, no se puede obviar que ERC ha advertido que espera que la Abogacía del Estado realice un gesto con su líder encarcelado, pidiendo su puesta en libertad. Además ha insistido en que no desbloqueará la investidura del candidato Sánchez hasta que no se haga público el informe y vea confirmadas sus pretensiones. 

Aunque la Abogada general, Consuelo Castro, ha sido nombrada por la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, este organismo de la Administración debe actuar con libertad de criterio, unidad, coherencia en la doctrina y autonomía procesal. Su servicio no es al Gobierno de turno sino al interés general del Estado español. Sería inaceptable que la causa del retraso en presentar el informe de alegaciones de la Abogacía del Estado en el caso de Junqueras se debiera a una intromisión del Gobierno para que se adoptaran las posiciones que Sánchez necesita para convencer a ERC. A la opacidad de toda la negociación sobre la investidura se une ahora la grave sospecha de que el Ejecutivo en funciones esté presionando a la Abogacía del Estado. La calidad de nuestro sistema democrático empeora cada día con las marrullerías del candidato Sánchez, empeñado en apoyarse en quienes detestan la legalidad española.