La Comunidad de Madrid busca la vía jurídica oportuna para asegurar sus "confinamientos selectivos"

La Comunidad de Madrid ha solicitado a sus servicios jurídicos que analicen la posibilidad de limitar la movilidad en las zonas con mayor incidencia de la pandemia. Según han señalado fuentes del Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso, el objetivo es saber si necesitan el visto bueno de la Justicia para que los movimientos permitidos se reduzcan a los esenciales.

El comunicado de la consejería de Sanidad ha permitido poner de manifiesto la gravedad que vive Madrid, que según ha revelado 'El Mundo' ya estaría acondicionando el hospital de IFEMA por si se dispara el nuevo de contagios y provocan un aumento de la presión hospitalaria.

En estos momentos, una de las principales preocupaciones en la Plaza Mayor es saber si las medidas que contemplan pueden tener el beneplácito del ámbito jurídico. Por eso la prioridad que es los servicios jurídicos del organismo regional encuentren la fórmula más adecuada para limitar la movilidad en las zonas con mayor incidencia de la pandemia: sobre todo en varios distritos del sur y en el norte en el barrio de Alcobendas.

La principal propuesta que está encima de la mesa del viceconsejero de Sanidad Pública es la aplicación de más restricciones y "confinamientos selectivos" en estas zonas. Desde el propio Gobierno de Ayuso subrayan que no se contemplan confinamientos como tales y que las restricciones de movilidad serán idénticas a las que se han aplicado ya en zonas como Aragón o Cataluña. Por ello, la Comunidad de Madrid estudia la mejor manera, desde el punto de vista jurídico, de hacerlo. A expensas de saber si necesitan una especie de aval judicial, ya que no nos encontramos dentro de un estado de alarma. El pasado verano, el Ejecutivo ya solicitó, sin conseguir sus objetivos, que en algunos barrios los vecinos redujesen su vida social.

La mayoría de jueces han avalado los confinamientos, aunque existen algún caso contrario. La ley de medidas especiales de salud pública establece control judicial para casos en los que haya limitación de derechos fundamentales, como puede ser la libre movilidad de ciudadanos. En este sentido, el Gobierno ha ofrecido una reforma legal para que sean los tribunales superiores de justicia los que analicen cada caso. Este acuerdo fue pactado con Ciudadanos el pasado mes de junio, pero todavía no se ha presentado.

El Ejecutivo de Sánchez ha delegado el mando de decisiones de la segunda ola a las comunidades autónomas, ofreciéndoles el apoyo parlamentario necesario en caso de que soliciten una especie de 'estado de alarma territorializado', algo que en estos momentos ha sido descartado por el conjunto de presidentes autonómicos.

Mirada al pasado

Desde el punto de vista judicial, el pasado mes de julio, el juzgado número 1 de Lérida tumbó la orden de confinamiento emitida por la Generalitat ante el agravamiento del brote en la comarca de Segrià, señalando que aquella decisión tenía que ser tomada por en clave de "competencia estatal".

En vista de los hechos acaecidos el pasado mes de agosto en Madrid, cuando un juez anuló la orden del Gobierno regional madrileño por la que se prohibía fumar en espacios públicos sin la distancia de seguridad, entre otras medidas. La Comunidad de Madrid busca atar todos los cabos sueltos desde el punto de vista jurídico para evitar cualquier tipo de sobresalto en esta nueva medida que busca aplacar el importante impacto que la pandemia está teniendo la Comunidad de Madrid y sobre todo en la capital de España.

Situación preocupante en Madrid

La Comunidad de Madrid ha registrado este miércoles 3.433 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.501 se asignan a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 27 fallecidos, según el informe de situación epidemiológica de este miércoles ofrecido por la Consejería de Sanidad, con datos a cierre del día anterior.

Los pacientes hospitalizados han vuelto a aumentar hasta situarse en 2.761, y los pacientes en UCI hasta 371. Por otra parte, 303 pacientes han sido dados de alta en el día de ayer. Además, 10.366 se encuentran en seguimiento domiciliario por atención primaria.