La justicia frena el intento de Carmena de retirar la concesión de túneles a Dragados

 Los tribunales de lo contencioso administrativo han suspendido la resolución del Ayuntamiento de Madrid para retirar temporalmente el contrato a Dragados para la gestión de varios túneles, que el Gobierno de Manuela Carmena había adoptado por la falta de mantenimiento de estas infraestructuras. Según han confirmado a Efe fuentes municipales, los juzgados de lo contencioso administrativo número 6 y 23 han dictado una medida cautelarísima para paralizar esta decisión, anunciada esta mañana por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y que afectaba a la reparación de seis túneles de la capital. El Consistorio tiene ahora un plazo para justificar la aplicación del secuestro temporal de la concesión.

En concreto este "secuestro" tenía como objetivo reparar los túneles de Plaza de Castilla, Pío XII, José María Soler, Sor Ángela de la Cruz, Azca y Puerta de Toledo, que en las últimas semanas han estado cerrados total o parcialmente como consecuencia de las filtraciones de agua. Según señalan fuentes municipales, las filtraciones de agua en infraestructuras subterráneas suelen ser "habituales", pero las de algunos de los túneles afectados se vieron "agravadas" por roturas en tuberías del Canal y por fisuras en la playa de las vías de la estación de Chamartín.

La paralización de la decisión de secuestrar la concesión, conocida hoy y tomada hace dos semanas ante la negativa de Dragados a realizar obras, obligará al Ayuntamiento a esperar el visto bueno del juez para iniciar unos trabajos ya presupuestados y que oscilan entre los 10.000 euros y los 50.000 por cada túnel. Las obras, "muy sencillas de ejecutar" y que consisten en la sustitución de canaletas por las que circula el agua, son "imprescindibles para el buen funcionamiento de los túneles" y de "urgencia máxima" ya que el cierre de estas vías genera muchos problemas de atascos, según ha precisado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.

Fuentes municipales añaden que las medidas de cierre de los túneles adoptadas por seguridad por la presencia de agua solo pueden ser levantadas una vez que se realicen las obras necesarias para reparar las filtraciones. El Ayuntamiento evalúa ahora si la negativa por parte de la concesionaria a ejecutar las obras es motivo para interponer sanciones, aunque según el delegado no supone un incumplimiento del contrato por parte de Dragados, una situación que podría tener consecuencias "más graves". Por su parte, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés ha asegurado en la comisión de su área que "habrá que pensar en una cierta intencionalidad" cuando a una empresa se le dan "todas las facilidades" y "no responde" a la hora de arreglar los túneles pero ha sido "extraordinariamente diligente" al cerrarlos.

La decisión adoptada por el Gobierno municipal y paralizada hoy por la Justicia ha sido criticada por el PP y Ciudadanos, mientras que el PSOE ha pedido ir más allá y rescindir los contratos con Dragados. Así, el portavoz de los 'populares' en la capital, José Luis Martínez-Almeida ha considerado que el 'secuestro' busca "disimular las carencias de gestión" de Ahora Madrid y se ha preguntado por qué ha sido necesaria una "medida tan drástica".

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, ha atribuido la decisión a la "improvisación" del equipo de Gobierno y ha censurado que se haya llegado a un secuestro, que debería ser "la última de las opciones" y puede tener consecuencias jurídicas. En cambio, para el PSOE-M el "único camino" para volver a la normalidad en los túneles es resolver los contratos con Dragados y redactar uno nuevo que garantice la seguridad, como ha explicado la portavoz socialista en urbanismo, Mercedes González.