Liberados sesenta inmigrantes que vivían entre ratas y chinches en trasteros de Carabanchel y Vallecas

250 euros al mes. Eso es lo que pagaban por vivir en el inframundo. Entre ratas, cucarachas y chinches. Sin ninguna ventilación y en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Entre los ciudadanos extranjeros se encontraban familias con menores, un bebé de pocos meses y una mujer en avanzado estado de gestación.

Esos sesenta inmigrantes, ahora liberados en la operación conjunta llevada a cabo entre agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, malvivían explotados en diversos sótanos y veinte trasteros de nueve metros cuadrados en los distritos de Carabanchel y Vallecas. Los habitáculos parecían zulos, no contaban con ninguna ventilación y eran utilizados como infraviviendas compartidas por tres o cuatro personas. Los inquilinos dormían además en colchones recogidos de la basura y eran controlados por un sistema de videocámaras. Pagaban 250 euros al mes sin ningún tipo de contrato.

Los seis responsables del grupo delictivo han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, coacciones y contra la salud pública. La investigación arrancó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo de personas vivían en el sótano de un inmueble sin las más mínimas condiciones de habitabilidad. Gracias al dispositivo desplegado, fueron localizados más de veinte trasteros divididos por paneles de pladur con zonas comunes a todos, dos cocinas y dos baños para compartir. El lugar no cumplía la menor condición higiénico sanitaria ni de seguridad. No contaba con salida de emergencia o dispositivos contra incendios. Los agentes comprobaron además que en el interior de los trasteros se acumulaba mucha basura y material de obra.

El modus operandi para captar a estos inmigrantes consistía en que el responsable del grupo explotador recogía a estas personas en lugares donde suelen darse cita ciudadanos solicitantes de asilo y les ofrecía habitaciones a bajos precios. Una vez instalados en los trasteros, les pedía más dinero bajo coacciones y amenazas llegando a las agresiones físicas si el pago se demoraba un tiempo.

Los sesenta inmigrantes hacinados eran vigilados en todo momento por un sistema de videocámaras que controlaba la entrada a los habitáculos y que eran manejadas por control remoto con el móvil de uno de los arrestados.