Vivir sin dormir: Manuel y José María no soportan los ruidos que escuchan en su casa

Manuel es vigilante de seguridad. José María es profesor de instituto. Viven en un piso en la calle Padilla de Alcobendas desde 2009. Un piso que -remarcan, y no es para menos- compraron con sus escasos ahorros, poco a poco, con toda la ilusión del mundo. Desde noviembre de 2019 no pueden dormir, no están tranquilos ni en su propia casa: las máquinas del supermercado que tienen debajo vibran y suenan a todas horas.

El local ya estaba cuando ellos se mudaron pero en mayo de hace dos años algo pasó en el local. “No sabemos qué fue, vimos a unos obreros entrar con vigas o tablones y desde entonces se escucha todo”, cuenta José María. Las máquinas están apoyadas sobre un muro de carga sin anclaje a la pared ni distancia. Están, efectivamente, apoyadas. Si la máquina se mueve, se nota en todas partes.

Manuel y José María han ido al ayuntamiento, han hablado con la empresa, con la franquicia, con el dueño del local. Han hecho de todo y han recibido muy poco. El límite de decibelios en Alcobendas está en 30 (25 que impone el gobierno central, más la cantidad que considera cada ayuntamiento), y las pruebas que han hecho con peritos que ellos mismos han pagado dan más de esa cantidad. Los responsables se pasaban la culpa de unos a otros hasta que consiguieron que hicieran una obra en el local, se supone, para insonorizarlo. “El problema no es ese, no es un ruido de una discoteca, es una vibración. No sabemos qué hicieron en esa obra pero no funciona”.

Además del ruido y la vibración también escuchan la megafonía del supermercado en el cuarto de baño. “Nuestro baño está en el mismo conducto que el de los empleados. Si se dejan la puerta abierta se escucha todo: el hilo musical, 'Vanesa acuda a caja', las ofertas...”, parece una tontería pero no es normal. Algo está mal”.

COPE se ha desplazado hasta su domicilio. El sonido es más que perceptible. Sobre todo de noche, cada día, durante dos años. Manuel está con tranquilizantes para dormir, con ataques de ansiedad, con visitas al Hospital Infanta Sofía. Van a hacerle un examen psicológico. “Yo no puedo más, no tengo ganas de nada”. Trabaja de vigilante de seguridad y cuando llega a casa solo quiere descansar: “es imposible. Me pongo los tapones hasta el fondo y ni así. Se me mete en la cabeza”. José María corrige los exámenes de los alumnos en casa, prepara las clases, una parte de su trabajo lo hace allí. “Yo no soy tan sensible al ruido como Manuel”, cuenta, “pero lo escucho, claro que sí y me cuesta dormir. Convivo con una persona con ataques de ansiedad. Es muy complicado”.

Van a juicio en febrero contra la franquicia del supermercado. “Confiamos en la justicia”, dice José María, “pero nos hemos manifestado y no funciona, hemos ido al ayuntamiento y no funciona, hemos hecho el peritaje y no funciona”. Están agotados. Lo habitual en estos casos es que la parte demandada pague un peritaje judicial para demostrar que la denuncia es falsa. Esta vez no ha sido así. Manuel y José María han tenido que pagarla. “Cada prueba cuesta 500 euros. Llevamos siete mil euros gastados en todo esto. Son nuestros ahorros”. No pueden más.