La Fiscalía denuncia a la delegada del Gobierno en Madrid por delito societario en Mercamadrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el hermano de Ignacio González, Pablo, por un presunto delito societario. En total, eran dieciséis las personas que formaban parte del Consejo de esa empresa pública en 2013.

En la misma, se solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".

Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año.

Y fue el pasado 3 de abril cuando la Fiscalía envió al Juzgado Decano de Instrucción de Plaza de Castilla una denuncia en la que recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso por el que adjudicó a la empresa Konin 22 S.A. dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración.

Mercamadrid S.A. estableció la obligación de abonar en concepto de canon sobre la superficie para el hotel 97.604 euros anuales, y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830 euros anuales.

No obstante, en 2003, Konin 22 cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, que comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie, según el relato de la Fiscalía.

Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa, reclamando el dinero adeudado.

Por su parte Merca Ocio Hoteles 22 formuló una demanda en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie. También solicitó a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de más de ocho millones de euros, argumentando la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a esta reclamación, aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en esa superficie, pero el 16 de octubre de 2013 el Consejo de Administración de esta entidad pública adoptó, por 18 votos a favor y ninguno en contra, un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial al litigio.

Este acuerdo otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Merca Ocio 22 y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla Jiménez, para negociar el texto del acuerdo.

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la vicepresidenta segunda de Mercamadrid, María Dolores Flores Cerdán, quien un mes más tarde suscribió los acuerdos que pusieron fin a la vía judicial.

La Fiscalía recuerda que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Mercaocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras.

Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era "viable".

La denuncia de la Fiscalía se interpone contra dieciséis personas, entre ellas Dancausa, los mencionados José Manuel Torrecilla y Dolores Flores, y también Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que fue detenido la semana pasada en la operación Lezo por supuesta corrupción en el Canal de Isabel II.

Otros doce altos cargos de los consejos de administración de Mercamadrid y Mercasa serán investigados, entre ellos, el exprimer teniente de alcalde del Gobierno municipal de Ana Botella, José Enrique Núñez; la jefa de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa, Silvia Llerena Muñoz, y el promotor inmobiliario José Domingo Rodríguez Losada.