La Fiscalía presenta la querella que puede llevar a Puigdemont a prisión

La Fiscalía General del Estado tiene previsto presentar este lunes la querella que prepara por rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada hoy por el Parlamento catalán.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han informado a Efe de ese propósito a la espera de que se concrete el número de personas contra las que se dirige la querella y también la instancia judicial competente para investigarlas.

La Fiscalía lleva semanas preparando una querella por un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel- contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la hipótesis de que proclamara la independencia, pero ahora, una vez que la medida ha sido aprobada por el Parlament, estudia ampliar esa acción penal a "todos" los que han permitido la comisión del presunto delito.

De ese modo, se da por hecho que la querella incluirá a los miembros de la Mesa que han permitido la tramitación en el Parlamento regional de la moción por la que se ha declarado la independencia.

No obstante, fuentes jurídicas apuntan a que la querella, al menos en el caso de Puigdemont, se remitirá con toda probabilidad al Tribunal Supremo, al considerar que los hechos afectan a todo el territorio español e incluso se han cometido en el extranjero, como es el caso de algunas webs vinculadas al referéndum que estaban alojadas en servidores de otros países.

La Fiscalía podría decidir también presentar su querella por rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde la magistrada Mercedes Armas ya instruye una causa por desobediencia, prevaricación y malversación contra Puigdemont y el resto de miembros del Gobierno catalán por los decretos para convocar y organizar el referéndum independentista del pasado 1 de octubre.

El delito de rebelión, que persigue a los que "se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30 años.