La Guardia Civil pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho

La Unidad Central Operativa (UCO) ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en los que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudieron decidir "de antemano".

En un informe de la UCO del pasado 1 de marzo que analiza exclusivamente estas adjudicaciones se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el informe, los contratos de adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona expresamente está Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) y que está sujeta a aforamiento actualmente.

El hecho de que Cifuentes fuera miembro del comité de expertos y que ejerciera como presidenta de la mesa de contratación es, dice el informe, una "circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación".

"La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria", añade.

De esta manera, Cifuentes presidía las mesas de contratación a la vez que participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores, resume la UCO.

Resalta además la UCO que la empresa de Arturo Fernández también optó al servicio de cafetería de la Asamblea en el año 2006, pero no resultó ser adjudicataria.

Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado.