España destinó 23.330 millones a ayudas dañinas con el medioambiente, según Greenpeace

España destinó 23.330 millones de euros en ayudas públicas a actividades que tienen un impacto negativo en el medioambiente en 2024, en los sectores de la agricultura, el transporte y el consumo energético de los hogares, según un informe divulgado este jueves por Greenpeace.

El estudio encargado por la organización ecologista analiza una "muestra representativa" de 27.100 millones en fondos públicos para esos tres sectores procedentes de instituciones como el Gobierno central, la Unión Europea, las comunidades autónomas y las ocho ciudades españolas con más habitantes, y concluye que el 86 % son dañinos para el medioambiente.

Las ayudas a la agricultura arrojan el peor balance de los tres, según el informe, que analiza 12.805 millones de euros en este sector y asegura que "todas las subvenciones son total o parcialmente nocivas para el medio ambiente".

El grueso viene de los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), que son "acaparados" por la agroindustria, por lo que Greenpeace las clasifica como dañinas.

También figuran las subvenciones del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario, que según el documento son parcialmente dañinas porque "no pone freno" a la expansión de los regadíos en las zonas con alto estrés hídrico.

De los 4.000 millones analizados de subvenciones al consumo energético de los hogares, el 76 % son total o parcialmente nocivas, entre las que se incluyen el bono social eléctrico y térmico y la reducción del IVA del gas.

"Los estudios señalan que rehabilitar las viviendas es diez veces más efectivo a largo plazo contra la pobreza energética que el bono social eléctrico y el térmico", defiende Greenpeace.

En el sector del transporte, con 10.293 millones analizados, el 72,5 % de las ayudas eran total o parcialmente dañinas, como el diferencial entre el gasóleo y la gasolina en el Impuesto Especial de Hidrocarburos o los beneficios fiscales sobre el gas licuado y el sector aéreo.

Greenpeace asegura que se observa un "grave déficit" de inversión en transición ecológica, que debería duplicarse en España hasta alcanzar el 4,8 % del PIB, y reclama que se elabore un inventario público de subvenciones ambientalmente dañinas en 2025.