Aprobado un real decreto para reforzar el control de entidades como la SGAE

Las entidades de gestión de derechos como la SGAE deberán incorporar un órgano de control interno, integrado por personas ajenas a la entidad, que vigilará la ejecución de su presupuesto y el reparto de la recaudación a los socios, según el Real Decreto-Ley aprobado hoy en Consejo de Ministros.

El Real Decreto-Ley transpone al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas con las que reforzará el control a entidades de gestión como la SGAE, aunque la regulación es "más estricta de lo exigido por la Directiva" para entidades con recaudación superior a 100 millones de euros, como es el caso de la SGAE.

"En los últimos tiempos el funcionamiento de algunas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual ha suscitado dudas en cuanto a la transparencia y el tratamiento de los ingresos recaudados en nombre de los titulares de los derechos de autor", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

La ley establece, además, que los artistas españoles podrán encargar la gestión de sus derechos a empresas privadas sin necesidad de tener creadores en sus equipos directivos, así como a entidades de gestión extranjeras, una medida que se llevaba a cabo desde hace años, pero que solo a través de este texto ha logrado un amparo jurídico completo. Se trata de un escenario en el que los artistas tendrán varias ofertas para escoger, e incluso podrán distribuir distintos derechos entre varios operadores.

En principio, los derechos considerados “de gestión colectiva obligatoria” quedarán en manos de entidades tradicionales. Entre otros, la recaudación de la compensación por la copia privada. Para los demás, en cambio, habrá competencia con los privados: por ejemplo, en el caso de un compositor que permita ceder su partitura a la composición de una película. Los operadores privados tendrán que comuniar a Cultura el comienzo de su actividad en España, y serán sometidos a un régimen sancionador como estipula la ley.