La compraventa de trabajos universitarios: un negocio al filo de la ley que podría ser delictivo

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) o de Máster (TFM) es una asignatura de último curso en muchos estudios universitarios y suele consistir en el desarrollo de un proyecto práctico o de investigación por parte del estudiante bajo la supervisión de un tutor. Presenta variaciones en función del grado o el posgrado y de la universidad, tanto en la forma que hay que realizarlo, como en la extensión y el tiempo que implica su realización. El TFG del grado en ingeniería informática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia supone dieciocho créditos, equivalentes a 450 horas de dedicación, mientras que el del grado en psicología de la Universidad Complutense se queda en seis créditos y 150 horas.

A pesar de contar con un profesor asignado para que oriente y corrija al alumno durante su elaboración, se trata de un trabajo que se desarrolla principalmente de forma autónoma y, para evitar picarescas, las universidades usan herramientas informáticas de detección de plagio que sirven para verificar la originalidad de los textos.

Sin embargo, una modalidad de fraude más difícil de detectar es la compra de los trabajos académicos a una empresa o a un tercero. Fuentes universitarias admiten que no se trata de una práctica nueva, sino que ya existía antes de la aparición de Internet, pero en los últimos años han proliferado los sitios web que hacen TFG y TFM por encargo.

Un TFG de derecho por unos 600 euros

Basta una búsqueda rápida en la red para encontrar un amplio abanico de ofertas. Entre los principales argumentos que se esgrimen desde estos sitios web para convencer al estudiante para que contrate sus servicios sin que se sienta culpable están, por un lado, “la falta de interés de los tutores” y “el alto grado de exigencia de la universidad”, y, por el otro, la escasez de tiempo por parte del alumno, al que, aseguran, “se le pide más de lo que físicamente le da tiempo a hacer”.

En algunos casos en la propia página se indican los datos identificativos de la empresa que hay detrás. En otros, no obstante, no se puede encontrar más información que un formulario o un correo electrónico de contacto. De hecho, la transacción puede acabar en engaño, ya sea porque los textos entregados sean de escasa calidad o copiados, o porque directamente no se vuelva a recibir ninguna respuesta tras efectuar el pago.

Los precios no acostumbran a estar expuestos en los sitios web. El cliente en potencia debe rellenar un formulario para que le hagan llegar un presupuesto personalizado. En este caso, pedimos cuánto nos costaría un TFG de cincuenta páginas para el grado en derecho sobre la regulación tributaria de las criptomonedas en España.

Nos llaman el día siguiente a primera hora pidiendo algún dato más sobre el trabajo, sobre todo en cuanto a la extensión, que determinará el precio, así como para confirmar los plazos y las entregas parciales que nos marcan desde la universidad de cara a hacer el presupuesto. Indican que incluso pueden encargarse de preparar la presentación en diapositivas u otro formato que el estudiante usará en la defensa oral ante el tribunal evaluador.

Nos recomiendan rebajar la extensión a cuarenta páginas, ya que consideran que serían suficientes para superar la asignatura y supondría una rebaja en el coste.

Se refieren en todo momento a las personas que redactan los trabajos como “profesores”. Sin embargo, al ser preguntados sobre la formación de quienes se encargarán de escribir el texto, simplemente señalan que son “graduados” en los estudios correspondientes.

También explican que, cuando el “profesor” encargado del trabajo se lo entrega a ellos, hacen una auditoría antiplagio mediante aplicaciones específicas para asegurarse de que no supere el 15%, que sería el máximo permitido por las universidades en las citas textuales de otros autores. “Pero eso los ‘profesores’ ya lo saben y nunca llegan a ese porcentaje”, apuntan telefónicamente.

Se debe pagar el 50% del importe cuando se acepta el presupuesto y el resto tiene que hacerse efectivo en la entrega de la mitad del trabajo. Asimismo, aseguran que, si el estudiante considera -o a petición del tutor de la universidad- que es conveniente ampliar algún apartado del trabajo, la empresa también se ocupa de hacerlo.

A las pocas horas nos envían el presupuesto definitivo. El TFG indicado con una extensión de cuarenta páginas nos costaría 780 €, que se quedarían en 663€ si hiciéramos el primer pago de forma inmediata antes de que se nos adelantase otro estudiante o que el “profesor” se liberase. No aparece mención alguna al IVA.

Solicitamos precio a otra empresa bajo las mismas premisas y esta vez indicando directamente una longitud de cuarenta hojas. Son 600 € a hacer efectivos directamente en la contratación del servicio. Señalan, sin embargo, que, si se quiere fraccionar en dos pagos, el importe se incrementaría en un 5%, es decir, se quedaría en 630 €.

Autores particulares, una opción más económica

En el portal de anuncios clasificados milanuncios figuran multitud de ofertas de particulares y empresas que elaboran trabajos universitarios por encargo. Algunos prometen asesoramiento y correcciones para los estudiantes, pero otros ofrecen con claridad la redacción completa del trabajo.

Respondemos a tres de estos anuncios pidiendo presupuesto para el mismo TFG del grado en derecho. Por 490 € nos lo realizaría una mujer que afirma ser licenciada en derecho y especializada en administrativo. Algo más barato nos lo dejaría un hombre que dice ser graduado en derecho y estar preparando unas oposiciones. Solamente tendríamos que pagarle 320 € e incluiría “cuantas correcciones fuesen necesarias”. El tercer usuario al que hemos escrito declina ofrecer un presupuesto y responde que él no realiza los TFG, sino que da clases y ayuda al alumno en su realización.

Las universidades piden que se denuncien estos fraudes

Desde la Universidad de Barcelona (UB) se califica la compra de TFG y TFM por encargo y su posterior presentación como propios de “absolutamente intolerable”. Explican que cuentan con herramientas como el “conector de plagio de Urkund”, que permite cotejar el texto con toda la información disponible en bases de datos académicas.

La UB también señala que la normativa de evaluación de la universidad contempla esta modalidad específica de fraude y que “tiene descrito el protocolo a seguir y las consecuencias para el estudiante”.

De todos modos, admite que “hay que trabajar para mejorar el sistema y, sobre todo, para concienciar a los estudiantes de la necesidad de seguir un comportamiento ético”, apelando a que “es responsabilidad de todos que, cuando se detecte una situación fraudulenta de este tipo, se haga la denuncia pertinente”.

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La presentación de un trabajo universitario comprado puede sancionarse con la expulsión de la universidad

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Pérdida de la matrícula o expulsión de la universidad

La presentación como propio de un trabajo académico comprado constituiría, según Vicenç Aguado, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona, un fraude académico, categorizado como “una infracción muy grave” entre las previstas en la Ley de Convivencia Universitaria, aprobada este mismo año.

El experto en derecho administrativo expone que “se entiende como fraude académico cualquier comportamiento premeditado tendiente a falsear los resultados en un examen o trabajo”.

Si existiese una denuncia o sospechas fundadas de que un estudiante ha llevado a cabo esta práctica, se seguiría un procedimiento donde se analizarían las pruebas y finalmente el órgano sancionador impondría un castigo al estudiante, que Aguado apunta que en las sanciones muy graves, como en este caso, puede consistir en la expulsión entre dos meses y tres años de la universidad o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un semestre o curso académico, y que la sanción deberá constar en el expediente académico del alumno hasta su total cumplimiento.

Juan Luis Jarillo, profesor de Derecho Civil en la Universidad CEU San Pablo, expone que la graduación de esta sanción variará en cada caso, pero recuerda que la nueva ley “ha endurecido” los castigos para este tipo de prácticas. El docente avisa de que, si el estudiante es reincidente en esta conducta, “se expulsa automáticamente de la universidad”.

Podría ser un delito de falsedad

Las consecuencias para el alumno que presente un trabajo comprado podrían no limitarse a una sanción en la universidad, sino que podría enfrentarse a un procedimiento penal, ya que su conducta podría ser constitutiva de delito.

Carlos Aguirre de Cárcer, socio responsable del área de Derecho Penal en Santiago Mediano Abogados, considera que el estudiante que entregue como propio un texto académico adquirido por encargo podría estar cometiendo un delito de falsedad en documento oficial, aunque admite que no es una cuestión exenta de polémica y que otros penalistas descartan que se cometa infracción con relevancia penal alguna.

El TFG o TFM de autoría ajena, “en el momento en que se incorpora a un expediente administrativo en el que va a servir para titular a un alumno, ese trabajo tiene una relevancia jurídica con unas consecuencias de habilitación y se convierte en un documento oficial”, según el abogado.

El delito de falsedad en documento oficial está castigado con penas de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.

Las empresas serían un cooperador necesario

En cuanto a las empresas o particulares que elaboran trabajos que posteriormente serán presentados en la universidad a nombre de otra persona, el experto en derecho penal opina que se encuentran “en el filo de la legalidad”, pero que su actividad también podría ser delictiva: “En el supuesto de que se demostrase que alguno de los trabajos que ellos han realizado por encargo ha sido presentado por un estudiante como propio para cumplir con su obligación, podría llegar a plantearse su participación como cooperadores necesarios en un delito de falsedad”.

Jarillo comparte esta postura, señalando que para él “es un delito” y que, aunque la “responsabilidad directa” sería del estudiante, reitera que la empresa o particular que hubiese redactado el texto sería “cooperador necesario”, ya que sin su ayuda el alumno no habría podido llevar a cabo el fraude y porque actúa a “sabiendas del destino que tendrá ese documento”.

Sin embargo, Aguirre de Cárcer subraya que sería preciso que se acreditase que ese mismo trabajo, redactado por encargo por una de estas compañías, ha sido efectivamente presentado en la universidad a nombre del estudiante. Si eso no se pudiese establecer y solo se pudiese demostrar la venta de escritos académicos, “estaríamos ante una fase no punible de un hecho que sí podría llegar a convertirse en un delito de falsedad”.

¿Se puede poner coto a esta compraventa?

El abogado penalista señala que las universidades han puesto el asunto en conocimiento de la Fiscalía para tratar de poner fin a la actividad de estos sitios web que venden TFG y TFM, pero que hasta el momento no le consta que se haya empezado ninguna indagación.

“Para parar esto se requeriría de una investigación en profundidad de la Fiscalía dirigida a obtener pruebas que pudiesen presentarse ante un juez y que demostrasen la conexión entre los trabajos realizados por una determinada web y los trabajos concretos presentados por treinta o cuarenta alumnos”, asegura Aguirre de Cárcer.

Y prosigue: “Eso podría suponer una llamada de atención muy importante para que no sigan proliferando estas webs y para que, tanto los alumnos como los administradores de estas webs que se lucran con este fraude, se lo piensen dos veces”.

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Compraventa de trabajos académicos: Se podría acabar retirando el título universitario

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Se podría revocar el título universitario

El título de una carrera conseguido superando una asignatura mediante la presentación de un trabajo redactado por un tercero podría ser retirado incluso años después de que la persona hubiese finalizado los estudios.

José Ignacio Juárez, socio responsable del área de Derecho Público y Administrativo en Santiago Mediano Abogados, explica que “la Administración puede iniciar un procedimiento de revisión de oficio de un acto nulo”. En este caso, la expedición del título se habría realizado sin cumplir todos los requisitos, al haber sido fraudulenta la forma en que se habría superado una de las materias.

“Puede ser la propia universidad la que inicie las actuaciones porque tenga conocimiento de esa circunstancia, pero muchas veces puede ser a través de una denuncia y es una cuestión de prueba”, explica el abogado. Si existiesen evidencias que demostrasen la trampa, Juárez indica que el título podría ser revocado.

De tratarse, por ejemplo, de un profesional como un abogado o un ingeniero, que para ejercer su ocupación necesita estar colegiado, al quedarse sin su certificación académica, según el experto, “de repente perdería todas las habilitaciones, normativas y legales que le permiten desarrollar esa actividad”.

Juárez señala que, aunque habría que estudiar cada caso individualmente y que entrarían en juego otras circunstancias, esta posible revocación del título universitario no cuenta con un plazo concreto para llevarse a cabo.

Nos hemos puesto en contacto con varias empresas que se dedican a la venta de trabajos académicos por encargo para participar en este reportaje, pero no han respondido a las peticiones de entrevista.