El Congreso pide al Gobierno que garantice el acceso a cuentas bancarias de los migrantes

El Congreso ha pedido al Gobierno que garantice el derecho al acceso a cuentas bancarias de los migrantes y otras personas con vulnerabilidad social que se han encontrado con obstáculos y un régimen sancionador para las entidades que impidan ese derecho.

Con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha aprobado la iniciativa del Grupo Republicano que reclama al Ejecutivo "desarrollar las modificaciones legislativas en el plazo máximo de seis meses para reforzar los mecanismos de control y supervisión para hacer efectivo el derecho al acceso a cuentas de pago básicas y evitar casos de exclusión financiera que agravan las situaciones de vulnerabilidad social".

Además, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha defendido la oportunidad de desarrollar un régimen sancionador para aquellas entidades o sucursales bancarias que apliquen prácticas arbitrarias para impedir la correcta aplicación del derecho de acceso a cuentas de pago básicas.

"Es hora de tomas medidas contra esta exclusión financiera, es un tema humanitario, no se entendería la oposición a la iniciativa", ha argumentado en la defensa de la proposición no de ley en la que se ha incluido una enmienda del PP.

"Muchas personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes en situación administrativa regular deben superar una serie de obstáculos que les impiden la apertura de cuentas bancarias, aunque la normativa exige que toda persona, con papeles o sin, pueda acceder a cuentas de pago básicas", ha denunciado.

La Comisión ha aprobado además la iniciativa del PP que insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades del Tercer Sector, una Estrategia de Atención Sociosanitaria, para afrontar las necesidades sociales y sanitarias de las personas mayores.

En la estrategia se deberán contemplar criterios homogéneos de actuación para todas las administraciones, con medidas de innovación social y tecnológica, que preserven la independencia y autonomía de las personas mayores y presten los apoyos que precisen en cada momento con criterios de proximidad y la calidad de los servicios.

Otra proposición de ley aprobada ha sido la impulsada por el PSOE y transaccionada con el PP para regular la figura del paciente con electrodependencia (que necesitan un equipamiento con suministro eléctrico constante) y crear un registro estatal de estos pacientes desde la condición de consumidor vulnerable.

La diputada socialista Sonia Guerra ha destacado la necesidad de que estos pacientes "puedan vivir con la tranquilidad de que van a ser asistidos siempre y en cualquier circunstancia, sin la angustia de la posibilidad de quedarse sin suministro eléctrico".