Detenido por suplantar a una mujer y causarle la apertura de procesos en varias provincias

La Guardia Civil de Vizcaya ha detenido a una persona e investigado a otras dos como preguntas autoras de los delitos de estafa y suplantación de identidad por los que contrataron servicios de telefonía e internet y adquirieron un terminal móvil de alta gama valorado en 1.080 euros, todo ello a nombre de una mujer que se vio perjudicada con la apertura de una decena de procesos policiales y judiciales en distintas provincias de España.

Según ha informado este lunes la comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya, la Operación, bautizada como 'Crassun', se activó tras la denuncia de una mujer, que aseguraba que se habían contratado irregularmente dos servicios de telefonía móvil junto a una línea fija e internet a su nombre y que utilizaron su identidad para adquirir a plazos un terminal móvil de alta gama.

El cuerpo de seguridad comenzó con las investigaciones y pudo ubicar los servicios contratados de manera fraudulenta en un domicilio situado en la localidad vizcaína de Trapagaran.

Descubrieron que los estafadores habían utilizado como medio de contratación y compra un número de teléfono y un correo electrónico a nombre de dos varones residentes en la misma dirección de Trapagaran, y como medio de pago una cuenta bancaria de una mujer domiciliada en la misma dirección, aunque esta carecía de fondos desde el año 2014.

Los agentes pudieron constatar que dos hombres y una mujer, miembros del mismo clan familiar, se habían valido de la filiación de la denunciante para no hacer frente a los pagos ni deudas derivadas de las contrataciones y, a su vez, la utilización de una cuenta bancaria anulada y sin fondos garantizaba no realizar ningún desembolso.

Durante la investigación se descubrió que la perjudicada estaba inmersa en diferentes procesos policiales y judiciales en múltiples provincias españolas, ya que con los números de teléfono dados de alta fraudulentamente a su nombre se habían cometido numerosas estafas.

La Guardia Civil comprobó que estaba inmersa en 10 procesos en Córdoba, 7 en Jaén, 4 en Granada y Madrid, 3 en Alicante, Murcia y Cádiz, además de una estafa por provincia en Sevilla, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valencia, Málaga, con dos y en Zamora, Albacete, Cáceres, Segovia, Almería, Lugo y Pontevedra.