Edgar sale a la calle a diario sin permiso de trabajo y sorteando al coronavirus

Edgar Estuardo llegó a nuestro país en julio de 2018. Decidió dejar su Colombia natal buscando el sueño de una vida mejor. Huía del narcotráfico y la miseria, pero hoy se enfrenta a la epidemia del coronavirus en las peores condiciones legales que se podía imaginar.

Vive en un piso de 60 metros cuadrados en el madrileño distrito de Vallecas con su mujer, dos hijos y otra familia de colombianos con los que comparte el pago del alquiler.

Edgar recuerda en COPE que estaba tramitando el permiso de trabajo y de residencia cuando estalló la crisis por la COVID-19, pero no puede esperar a que se normalice la situación. “Tengo que seguir ganando dinero para poder alimentar a mi familia y por eso me arriesgo cada día a ser detenido durante este estado de alarma”. Nos explica que toma precauciones y va a todos lados con mascarilla y guantes. Además, insiste en que “dejo los paquetes en las casas a mucha distancia de las personas que los tienen que recoger por si estuvieran contagiados".

El Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas aconsejan a estas personas sin permiso de trabajo que no tengan miedo y acudan a los servicios sanitarios ante un posible contagio.

PELIGRO DE CONTAGIO

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) cree que ahora es más necesario que nunca un compromiso social dirigido a la protección sanitaria de estos inmigrantes en España. El abogado de esta ONG, Diego Fernández Maldonado, explicaba en COPE que “el miedo les lleva a no comunicar un posible contagio. Ponen su vida y la de las personas que les rodean en peligro”.

“Los inmigrantes siguen trabajando en puestos de economía sumergida (limpieza de casas, cuidado de ancianos…) nos dicen en el Servicio Jesuita a Migrantes, y no tienen certificados de trabajo para moverse.

En la actual situación de epidemia por coronavirus, las personas más vulnerables son los migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, a la espera de recibir documentación o resoluciones de procedimientos administrativos, quienes están internadas en centros para personas extranjeras, las que afrontan la precariedad socio laboral o las que trabajan en sectores de hogar y cuidados. Por eso, el Servicio Jesuita a Migrantes cree que es más necesario que nunca un compromiso social dirigido a su protección en este contexto.

INMIGRACION EN ESPAÑA

La población residente en España lleva creciendo desde el año 2016 y continúa aumentando, según las últimas cifras de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas en 2019.

Las nacionalidades más numerosas de extranjeros en proceden de Marruecos (743.402), Rumanía (669.222); Reino Unido (295.067); Italia (256.269); Colombia (227.102) y China (193.207).

A esto hay que añadir los datos que demuestran que España es el país de la UE con más peticiones de asilo. Se ha llegado a esta situación por la presión de Latinoamérica, ya que se reciben más de 3.500 solicitudes por semana. Sobre todo, procedentes de países como Venezuela y Colombia.

Al respecto, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, abogaba en el Congreso de los Diputados por reformar la ley de Extranjería para "fortalecer" las vías legales de acceso de inmigrantes.  Escrivá criticó que hasta ahora se haya primado la vía de regularización extraordinaria del arraigo sobre la ordinaria, que son los permisos de trabajo.

Pero la situación sigue empeorando y ante la imposibilidad de ejecutar expulsiones por el cierre de fronteras exteriores, y frente a una situación que puede poner en riesgo a las personas internas, desde el Servicio Jesuita a Migrantes insisten en COPE en que “no tiene sentido común ni rigor jurídico continuar con el internamiento de este colectivo de población”.

CEUTA Y MELILLA

En la ciudad de Melilla, la habitual masificación de determinados centros agrava la situación. Actualmente el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) acoge alrededor de 1.700 personas, duplicando ampliamente su capacidad de 780 plazas. Por su parte, el centro de menores “Purísima” alberga alrededor de 900 niños a pesar de disponer de 350 plazas.

El Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por la saturación de los centros de internamiento de extranjeros en Ceuta y Melilla, en los que, además, suele encontrarse un número significativo de menores. Francisco Fernández aboga por continuar con los traslados a la península para evitar que se puedan producir contagios por coronavirus en unas dependencias que, en su opinión, no están preparadas para adoptar medidas preventivas ni solucionar problemas sanitarios.

En estos días SJM ha reclamado la liberación de las personas internas en CIE, ante la imposibilidad de ejecutar su expulsión, así como el cese de nuevos internamientos. Además, es alarmante la situación en los sobresaturados centros para personas migrantes en Melilla.

Al Defensor le preocupa especialmente la situación de las familias con menores a su cargo que se encuentran en estos centros.

A lo largo de los años, el Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas sobre las dificultades de estos menores para acceder a la autorización de residencia y para renovarla una vez que alcanzan la mayoría de edad. Las quejas recibidas también demuestran que con alarmante frecuencia un elevado número de menores extranjeros no acompañados no obtienen la autorización de residencia que les corresponde durante su minoría de edad.