La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) cuestiona la petición que ha hecho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de subir al 21% el IVA para la educación y la sanidad privada, lo que supondría, según la vicepresidenta segunda del Gobierno, un ahorro de unos 3.000 millones de euros para las arcas públicas.

Sin embargo, FSIE considera que esta decisión "perjudicaría enormemente" a las familias españolas que pagan este servicio, puesto que ya viven una situación económica bastante complicada ante el aumento del coste de vida, así como a los trabajadores.

Para el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, "es lícito buscar financiación, pero no a costa de golpear aún más a los centros educativos privados".

El sindicato rechaza esta medida ya que la considera "contraproducente", pues en lugar de lograr el efecto deseado a medio plazo, supondría, a su juicio, "un perjuicio inmenso para los trabajadores, los ciudadanos y la viabilidad de los centros".

En el caso de la enseñanza, advierte de que "muchas familias verían reducido su poder adquisitivo y se verían abocadas a matricular a sus hijos en otro tipo de centros, provocando el cierre de unidades en los centros privados e incluso de todo el centro". "Todo ello ocasionaría la pérdida de muchos puestos de trabajo que dejarían de tributar el IRPF y de ser una fuente más de recaudación para el Estado", apunta.

En España, según datos del Ministerio de Educación, FP y Deportes, hay 9.800 centros educativos privados y concertados, en los que trabajan más de 210.000 profesionales que atienden a más de 2.2749.603 de alumnos. En la etapa universitaria, hay 34 universidades privadas, donde trabajan más de 21.000 profesionales y 1.722.247 entre grado y ciclo, máster y doctorado.

FSIE avisa de que este tipo de medidas que promueve el Ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz, "no son las adecuadas si lo que se pretende es conseguir financiación". "Sobre todo, cuando afectan a sectores esenciales y tan importantes, como son la educación y la salud, puesto que, al dificultar a los ciudadanos el acceso a los mismos se puede generar un efecto rebote, tensionando aún más los centros públicos", señala.

El sindicato insiste en que este "no es el camino" y que "hay muchos otros sitios donde poder recortar en gasto para obtener la financiación que desean". "Recaudar a costa de perjudicar a los profesionales, las familias y a los centros no es la solución que consideramos adecuada y justa", lamenta Jesús Pueyo.

Asimismo, FSIE señala que se trata de "un nuevo ataque" a la libertad de elección de las familias y a la creación de centros educativos, recogidos en el artículo 27 de la Constitución Española.