La historia de la concertada, 40 años de infrafinanciación pública

La financiación de los colegios concertados- en los que están escolarizados casi uno de cada 4 alumnos en España- es insuficiente desde hace casi 40 años. El Estado paga casi el doble por alumno en la escuela pública que en la concertada. El problema de base es que no existe un cálculo del coste por aula en nuestro país y, sin él, tampoco hay justicia en el reparto del dinero público destinado a la educación.

Ese cálculo -que los centros y profesores de la escuela concertada llevan décadas pidiendo que se haga- vuelve a estar sobre la mesa del Ministerio de Educación. En él tiene puestas sus esperanzas el sector que representa a más de dos millones de alumnos.

Y todo porque, según explican a COPE desde Escuelas Católicas, el módulo del concierto que reciben del Estado ha perdido un 25 por ciento de su valor desde su creación en 1985 por no haberse actualizado ni siquiera en línea con el aumento de la inflación en estos 39 años.

Se trata de buscar una solución que -a pesar de estar garantizada por ley- hasta ahora ha sido imposible. Una financiación suficiente para cubrir los gastos y que es, para la principal patronal del sector, la única forma de garantizar la gratuidad universal y, con ella, la libre elección de los padres.

“Las familias que son vulnerables, al no tener las mismas ayudas que en un centro público no puede optar a un centro concertado. Si la administración diera la misma financiación a los colegios concertados que a los públicos si podrían elegir libremente ir a un concertado. Y eso es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimos años” asegura en COPE Jesús Pueyo, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritario en el sector de la concertada.

En su opinión, es preciso que las negociaciones que están a punto de ponerse en marcha desemboquen en una estimación de un importe común básica para todos los centros sin perjuicio de que luego “los centros que necesitan más recursos porque tienen un alumnado más conflictivo o con más necesidades especiales o que está en una zona deprimida obtengan mayor financiación tanto si son públicos como concertados”.

Una individualidad que, según Pueyo, también deben tener en cuenta las comunidades autónomas que pueden mejorar la dotación económica básica del Estado: “algunas ya lo están haciendo, de hecho, pero aquí el que no ha movido ficha desde hace mucho tiempo es el Gobierno que es el que tiene que fijar la financiación básica y obligatoria”.

Un sistema que falla por todas partes

Consideran que el actual modelo de financiación “falla por todas partes”. Recuerdan que La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 prohíbe que los centros públicos y concertados “perciban cantidades de las familias por las enseñanzas obligatorias, que se imponga a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones y asociaciones ni establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanzas que requieran aportación económica por parte de las familias (…) Quedan excluidas las actividades extraescolares y los servicios escolares que, en todo caso, tendrán, carácter voluntario”.

Pero esa misma legislación -en el mismo artículo 88- también deja claro que “las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas y establecerán medidas para que la situación socio económica del alumnado no suponga una barrera para acceder a las actividades complementarias y a los servicios escolares”.

A pesar de que 9 de cada 10 de los 2.500 colegios concertados tienen detrás entidades sin ánimo de lucro -la totalidad en el caso de los más de 1900 centros que forman parte de la red de Escuelas Católicas- con el dinero que reciben de las administraciones no pueden costear los gastos de funcionamiento de los colegios e institutos que gestionan.

Una oportunidad para mejorar la equidad educativa

La negociación de los conciertos planteada en julio por el Ministerio de Educación llevará según calculan desde Escuelas Católicas “varios meses como mínimo dos o tres para trabajar los números actualizados del gasto por aula. Hay que hacer el informe porque así lo obliga la ley y porque es la base para adecuar la financiación al coste real y todo aunque no haya presupuestos este año porque servirán para cuando puedan aprobarse”.

Por su parte desde FSIE esperan que Educación siga con su compromiso de diálogo “obtener resultados de una vez para acabar con la discriminación injusta y escasa que lleva años padeciendo la concertada tras casi 40 años de déficit en el concierto”.

Aunque, de momento no hay fecha para la siguiente reunión y tras una pequeña remodelación en el Ministerio de Educación a la vuelta del verano, fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría consultadas por COPE, explican lo acordado es comenzar con las reuniones en otoño en una mesa de la concertada en la que se presentará un calendario y se crearán mesas técnicas para analizar la situación del sector en su conjunto además del módulo del concierto que es la base de la financiación pública de los centros.

Un déficit que ha ido a más para la concertada

En ese déficit -que con los años se ha incrementado y que actualmente cifra en una media 4.000 euros por aula en gastos de funcionamiento que paga cada colegio- es donde empiezan la mayoría de los problemas y por el que han llegado a cerrar o a traspasarse muchos centros concertados y es porque “los gastos de funcionamiento que es la cantidad que recibe el colegio de la Administración no llega a cubrir ni la mitad de su coste real”, explica a COPE Jesús Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas y portavoz de Escuelas Católicas.

Ese importe que los colegios públicos sí tienen cubierto es el que obliga a los concertados a obtener otros ingresos con los que cuadrar sus cuentas en forma de cuota, aportaciones, donaciones o colaboraciones ó mediante el cobro por actividades complementarias o por el proyecto educativo. Al haber quedado desfasado no cubre los gastos mínimos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación, como establece la ley.

“Nosotros no discriminamos y destinamos nuestros ingresos a paliar las deficiencias del concierto y también para acometer reformas y mejoras educativas que, por otro lado, nos impone la ley. Si prestamos el mismo servicio que la escuela pública queremos que se nos financie de la misma manera como mínimo. Lo correcto, lo ideal y lo técnico es que haga un estudio bien hecho del coste por aula y conforme a ese cálculo se adecue el módulo. Es algo que hasta ahora nunca se ha hecho”, señala Centeno.

Según un estudio publicado a finales de abril por EsadeEcPol, el 23 por ciento de los colegios concertados cobran cuotas en todas las etapas para cubrir la falta de financiación y casi el 30 por ciento lo hace para cubrir los gastos no concertados (como los servicios de autocar o de comedor o las actividades extraescolares) sin contar con el 13 por ciento que no cobra a las familias ninguna cuota a pesar de no cubrir gastos con lo que reciben de las administraciones.

Sitúan en el 30 por ciento los centros concertados con un superávit, el 50 por ciento con un excedente que no supera los 300 euros por alumno y año y el 20 por ciento restante deficitario y concluyen que no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada.

El 87 por ciento de los colegios concertados cobran una cuota base y en la mitad de ellos es superior a los 100 euros al mes según el estudio para el curso 2023-2024 de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE). Unas cuotas que 3 de cada 4 familias consideran que excluyen a los alumnos o que no son tan voluntarias como se plantean. Una realidad que refutan desde Escuelas Católicas mientras desde FSIE defienden la gratuidad tanto en los públicos como en los concertados de los 0 a los 18 años y una mayor equiparación del salario de los profesores.

Cada céntimo que reciben los concertados ya sea de dinero público o privado “es supervisado con auditorías y por la inspección para saber por ejemplo si las donaciones que hacen las familias son voluntarias o no. El control es exhaustivo por lo que me cuesta creer que algún centro pueda estar forrándose, pueden tratar de sacarle el máximo partido, con actividades adicionales o alquilando sus instalaciones por la tarde o el fin de semana. Pero si lo que quieres es ganar dinero lo mejor es salirse del concierto y convertirte en un centro privado porque ahí si va a ser posible posible obtener un remanente”, señala Centeno.

Una financiación deficiente

De media, el gasto por alumno de la concertada en los países de la OCDE supera en más de 2.500 euros el desembolso por cada estudiante en España.

Y según los últimos datos del Ministerio de Educación de 2021 y publicados a finales de 2023, el coste por alumno en un centro público en nuestro país casi duplica el de la concertada. El Estado desembolsa 6.400 euros por alumno en la pública frente a 3.500 euros en la concertada. La diferencia supera los 2.800 euros por cada estudiante.

Según los cálculos de Escuelas Católicas, los colegios católicos ahorra con su labor educativa 4,2 millones de euros al Estado, 5,8 millones si se tienen en cuenta la labor de todo el sector de la concertada que incluye también a colegios laicos y cooperativas de profesores.

Para atender a las necesidades educativas de los 8,2 millones de alumnos no universitarios en 2021, el Estado gastó casi 43 millones de euros, 35,5 millones de euros en la red pública y 7,4 millones en la concertada.

En Cataluña se completó el cálculo que ahora quiere intentarse para el conjunto del país

En España lo más cerca que se estuvo de poder calcular el coste del aula fue en 2010 con Angel Gabilondo en el Ministerio de Educación. No se llegó a hacer una estimación que sirviera de base para actualizar la financiación pero sí se fijaron los criterios que se debían tener en cuenta, según señalan desde Escuelas Católicas, para las negociaciones que ahora se abren en la mesa de la concertada como punto de partida.

Hasta la fecha la única estimación del coste de la plaza escolar que ha prosperado ha sido la efectuada en Cataluña en 2021 por el Síndic que concluyó que actualmente la inversión de las administraciones públicas en la plaza escolar es insuficiente para cubrir el coste sin necesidad de copago. En su informe subrayan que la infra financiación es más elevada en el sector concertado que en sector público que, sin embargo, requiere de un gasto por estudiante más elevado por tener un alumnado socialmente más desfavorecido.

Situaron el coste teórico en casi 5.000 euros por alumno en Educación Infantil de segundo ciclo y en primaria (5.100 en el sector público y 4.600 euros en el sector concertado) y en 6.100 euros de coste teórico por alumno en secundaria (6.500 euros en el sector público y 5.200 en el concertado). Garantizar esta inversión en los centros de escolares tiene un coste que calcularon en algo más de 1.100 millones de euros.

Además de una mejora de la financiación abogan por garantizar la gratuidad de la enseñanza y una progresiva equiparación en la escolarización del alumnado con mayores dificultades y de mayor vulnerabilidad social para ir reduciendo la segregación escolar del sistema educativo catalán.

Actualmente 6 de cada 10 centros públicos en Cataluña tienen una composición social considerada de complejidad muy alta, alta o mediana alta frente a 1 de cada 4 centros concertados en esta misma situación. Con carácter general, los centros del sector concertado tienen una composición más favorecida que el sector público que tiene una mayor proporción de alumnado extranjero y de estudiantes con padres con un nivel de estudios comparativamente más bajo.