La oposición pide al Gobierno plazos y fondos para la puesta en marcha del Pacto contra la Violencia Machista
La mayoría de los grupos políticos de la oposición reclaman a la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, que ponga plazos y calendario a las iniciativas y que garantice su financiación.
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A pesar de que la ministra Dolors Monserrat ha defendido que estamos en la buena dirección en la lucha contra la violencia machista y que el ritmo de aplicación del Pacto de Estado es positivo con la puesta en marcha del estudio o la ejecución de la mitad de las 214 medidas que contiene, la mayoría de los grupos políticos de la oposición le han reclamado en la Comisión de Igualdad del Congreso que ponga plazos y calendario a las iniciativas y que garantice su financiación desde este año, algo que consideran está en el aire, y que forma parte de lo comprometido en el propio Pacto.
Las dificultades para hacerlo, les ha explicado la Ministra, "es que un tercio de las medidas dependen de la creación de nuevas leyes y reglamentos o de la reforma de las que ya se aplican para proteger a las víctimas y a sus hijos" empezando por la modificación de una veintena de artículos de la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. Y para la financiación, "el problema", señalaba, "es la falta de Presupuestos Generales del Estado, algo que también está frenando las transferencias a las Comunidades Autónomas para mejorar la respuesta a las víctimas de maltrato".
"El Gobierno", ha afirmado Dolors Monserrat, "cumplirá con el compromiso incluido en el propio pacto de Estado", que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, que da seis meses para impulsar las reformas contempladas y tres para desplegar 200 millones de euros de los 1.000 que contempla ejecutar en los próximos 5 años. Caso de seguir sin Presupuestos Generales del Estado, "el Gobierno buscará alternativas".
La oposición le ha reclamado la aprobación de un Real Decreto cuanto antes y comprometido su apoyo para que los fondos puedan desplegarse este año.
Según ha explicado la Ministra se han priorizado las medidas de reforma legislativa y ha tildado de positivo el ritmo de puesta en marcha del Pacto. A esto debe de seguir, ha dicho, el resto de las iniciativas "a la mayor brevedad posible".
En materia normativa, Montserrat ha señalado que "el punto de partida" y "la verdadera bóveda del Pacto" será la reforma de la Ley Integral, que se está analizando en un "grupo de trabajo técnico del gobierno", donde "ya se ha elaborado un itinerario" para modificar una veintena de artículos relativos a propuestas como devolver las competencias en violencia de género a los ayuntamientos u homogeneizar el sistema de acreditación de las víctimas, reconociendo como tales a las madres de hijos asesinados en este contexto.
Asimismo, esta reforma persigue dar cumplimiento a otros objetivos relativos a la mejora de la respuesta institucional a las víctimas, como hacer posible que el abogado de la mujer pueda asumir su representación procesal, que se supriman los atenuantes de confesión y reparación, que se perfeccione la tipificación de los delitos en el ámbito digital o que se difundan los canales para presentar quejas o reclamaciones por un mal funcionamiento institucional o judicial.
También se tocará la Ley Integral para cumplir las previsiones del pacto en materia de mejora estadística. Se fijará "la obligación legal de prestar datos estadísticos sobre todas las violencias contra mujeres incluidas" en el acuerdo, como la violencia sexual, sobre la que, además, "se ha realizado un estudio sobre la percepción social, cuyos resultados estarán disponibles en breve".
Por otro lado, la Ministra ha asegurado que ya se ha iniciado "la revisión de los textos legales vigentes que hacen referencia a régimen de visitas y custodia de los menores" y se está redactando un borrador de Real Decreto de modificación del Plan Estatal de Vivienda para dar preferencia a las personas que asuman la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género.
Y se adoptarán medidas sobre otras formas de violencia con protocolos específicos para la mejora de la detección y atención a víctimas de trata por profesionales de ámbitos sanitarios específicos", asunto que se abordará en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que prevé convocar en el "próximo cuatrimestre".
Un encuentro en el que la Ministra de Sanidad y los consejeros de sanidad de las Comunidades Autónomas examinarán el grado de ejecución del Pacto de Estado en materia sanitaria.