Pospuesto a enero el debate parlamentario para una regularización extraordinaria

No se han producido grandes avances en la reunión de este martes pero tampoco se ha cumplido el temor de que decaiga por falta de consenso la Iniciativa Legislativa Popular para una nueva regularización extraordinaria de migrantes en la ponencia de la comisión de Trabajo, Empleo Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso. El debate se pospone, de momento, hasta enero pero al menos sigue vivo según explican a COPE los promotores de la ILP.

“Lo positivo es que sigue habiendo partido y que siguen estando encima de la mesa las posiciones de cada partido y por tanto todavía hay posibilidad de que lleguen a un acuerdo. Y lo negativo es que no percibimos que haya cambios importantes en la posición de cada uno de los partidos y si eso no sucede no habrá manera de conseguir un acuerdo. Además el tiempo va pasando”, señala Xabier Parra, director de Sercade, el Servicio Capuchino para el desarrollo.

Llevan 3 años promoviendo esta iniciativa para que puedan ser regularizadas las personas de origen extranjero que llevan tiempo en nuestro país y que no han logrado los papeles por los cauces ordinarios. Calculan que son en torno a medio millón de migrantes, un tercio de ellos niños.

La Conferencia Episcopal, Cáritas, Confer y Redes pidieron esta lunes a los partidos políticos esfuerzo y valentía para alcanzar un acuerdo para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que por diferentes motivos no se pueden acoger a los cauces ordinarios para lograr obtener los papeles o que se han quedado atascados en una de las renovaciones y están por ello en situación de desprotección y vulnerabilidad.

En juego, está la situación de en torno a 500.000 migrantes, un tercio de ellos niños, personas que están en situación de desprotección y vulnerabilidad como el senegalés Papa Seydou Dieng que lleva 7 años en nuestro país y sigue sin en este momento sin tener los papeles en regla: “nada no puedo renovar mi NIE, tengo que mirar otras soluciones y voy a esperar a ver lo que ocurre en el Congreso porque, de momento, no sé lo que hacer”.

Vive con algo más de 600 euros al mes con los que paga una habitación que comparte con otros amigos senegaleses y acepta los trabajos que le van saliendo por días o por horas y que completa en verano o en Navidad limpiando 3 ó 4 horas diarias en un restaurante. Aspira a seguir formándose hasta que llegue su oportunidad.

Con los mismos obstáculos se ha encontrado María Elena Almendarez. Vive en Toledo y ha cumplido los 65 años en España a donde llegó en 2019 junto a su marido y un hijo huyendo de Honduras en una situación complicada. Trató de pedir asilo pero se lo denegaron y si algo tiene claro es que a su país no va a volver: “Es una incertidumbre saber que uno está sin papeles, sin trabajo y estar esperando toda la vida que te ayuden, no es muy digno”.

Si finalmente en enero no hay acuerdo entre los partidos políticos a los que desde la Iglesia se les pide un esfuerzo y valentía, la Iniciativa Legislativa Popular puede decaer. Todo a pesar de que esta ILP cuenta con el apoyo de más de 700.000 personas y de 900 organizaciones sociales que la consideran necesaria y complementaria a la reforma del reglamento de extranjería.

La última iniciativa de este tipo en democracia tuvo lugar en 2005 y quienes impulsan el actual proceso consideran que la medida es necesaria y urgente para luchar contra la explotación laboral, la desprotección legal o la exclusión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. También para que al integrarse plenamente puedan aportar económica y fiscalmente al conjunto de la sociedad. De hecho y, según una estimación de la Universidad Carlos III de Madrid, la aportación neta de cada trabajador regularizado será de más de 3.250 euros por persona y año.

Quienes impulsan la ILP la consideran plenamente compatible con la reforma del reglamento de extranjería aprobado por el Gobierno en noviembre. Su entrada en vigor reducirá de 3 a 2 años el tiempo exigido para pedir el arraigo además de flexibilizar algunos requisitos y endurecer otros por ejemplo para los solicitantes de asilo que vean rechazada su petición o para los jóvenes ex tutelados. El Ejecutivo prevé regularizar con estas modificaciones a unas 300.000 personas al año durante los próximos 3 años.

Los impulsores de la ILP insisten, sin embargo, en que algunos colectivos, que llevan años viviendo en España, se quedan fuera de todos los procesos y que por justicia social deben tener los papeles para poder ejercer sus derechos en nuestro país. Pelean desde 2021 para que la sociedad y los partidos apoyen su iniciativa y por un cambio de percepción en la sociedad para que las personas migrantes sean consideradas de pleno derecho.