Suspenso en dependencia para un Ejecutivo que presume de social

Cada año 30.000 personas dependientes mueren en España sin recibir las ayudas a las que tienen derecho. El dato del Observatorio de la Dependencia es demoledor y el problema es que la atención a los dependientes lejos de mejorar ha empeorado durante el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, tanto que en 2019 el aumento de las listas de espera y de las personas que aún requieren de una valoración se disparó en 50.000 personas hasta rozar el medio millón.

Dos de cada diez personas con derecho a una prestación por dependencia están actualmente en lista de espera en España, según el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia gestionado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Solo en 2019 a este colectivo se sumaron 20.000 personas hasta alcanzar las 266.000 pendientes. A Rosa, de 52 años, lo de la Dependencia le toca por partida doble, gestiona ayudas para su madre de casi 80 años porque se marcha a vivir fuera de España y también para su suegra que supera los 90 años y en ambos casos considera insuficiente la respuesta de las administraciones.

“Mi futura suegra se rompió en Navidad la cadera. Pedimos ayuda al asistente social para que la hospitalizaran durante dos meses y tardaron un mes en ofrecernos ayuda y le cobraron más de lo que ella gana de pensión” subraya Rosa que inicia ahora los trámites para su madre.

De media la respuesta llega en un año y dos meses de forma que según subrayan desde el Observatorio de la Dependencia al ritmo actual se tardarían 5 años en atender a todos los dependientes en España. Eso claro si la lista permaneciese invariable. Lo cierto es que aumenta incluso la de personas pendientes de una valoración que se disparón en 30.000 personas en 2019 y situá el total de expedientes por revisar en 160.000.

Resolver el problema pasa por invertir 500 millones de euros según subrayan desde la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales que piden la aprobación por urgencia socia de un decreto para aumentar la financiación de la dependencia.

Un dinero que permitiría atender a 70.000 personas más y generaría 16.000 empleos directos. Son hechos lo que quieren más allá de “palabrería progresista”.