El tarifazo agrava la situación de las víctimas de 'okupación' en España

No pueden ni vender sus casas ni disfrutarlas, no perciben ninguna renta por sus viviendas okupadas ni pueden recuperarlas durante meses, a veces años, pero sí tienen que afrontar todos los gastos incluida una factura de la luz que no para de subir y que ese jueves alcanza un nuevo tope histórico con el kilovatio hora instalado en 141,7 euros. Una carga que está agravando la ya difícil situación de las víctimas de okupación ilegal en España.

Es el caso de Pilar Martínez García-Notario, de 57 años. En julio de 2019 la inmobiliaria le comunicó que tenía okupas en un pequeño piso que heredó de una prima y del que nunca ha disfrutado. Desde entonces y solo en impuestos y suministros lleva 20.000 euros desembolsados. Solo cobró 320 euros, el primer mes de alquiler de quienes se instalaron en su vivienda.

Solo por la electricidad consumida en junio y según los documentos remitidos a COPE le reclaman algo más de 193 euros y es que como señala Pilar “a mí me llega lo que ellas gastan y, como ellas no pagan, ponen lo que les da la gana y si ponen el aire acondicionado todo lo que quieren pues no veas las facturas que recibo”.

“No les puedo cortar la luz porque si yo corto se considera una coacción, esa coacción es un delito penal, son 3.000 euros de multa y además me quedarían antecedentes penales por lo menos durante 6 meses. Es imposible cortarles ni la luz ni el agua que me ha salido por 167 euros en agosto porque como ellos no pagan todo les da igual”, denuncia Pilar.

“El daño es irreparable para muchas personas que ven usurpado su piso principal o su segunda vivienda que no tienen siempre una economía. A nosotros nos han quitado todos los derechos, pero tenemos todos los deberes, es surrealista” se lamenta.

Nuria Riera de 39 años y María Teresa Rovira de 61 acaban de recuperar después de 3 años de okupación su piso situado en la localidad catalana de Rosas. Al abrir la puerta se encontraron con enormes destrozos y un piso infestado de cucarachas. Han tenido que vaciarlo entero, pero con ello no han terminado sus problemas.

“Cuando recupero la vivienda me encuentro con que el contador pinchado. Y esto es algo que puede tener una multa de entre 2.000 y 3.000 pero no para el infractor que en este caso son nuestros okupas sino para la titular del contrato de la electricidad que es mi madre. Lo denunciamos para tratar de evitar la multa, pero no sabemos lo que pasará” explica Nuria a COPE.

Tras la ocupación de su vivienda en agosto de 2018 y durante dos años priorizaron el pago de la hipoteca sobre el de suministros. Pasados esos 24 meses ya no pudieron afrontar esos pagos. Ahora deben 4.000 euros solo de suministros, incluida la luz.

“Se ha acumulado una deuda a nombre de la titular que es mi madre y ahora esa deuda queda vinculada a ella de por vida”, señala.

Además, deben 7.000 euros de gastos de comunidad y otros 5.000 de la hipoteca que quieren renegociar tanto con el resto de los propietarios como con el banco y aunque confían en poder llegar a un acuerdo temen perder esa vivienda, la única que tienen.

Durante todo este proceso y según nos cuenta Nuria se han sentido “culpabilidad, rabia, dolor, tristeza, todo un cúmulo de sentimientos negativos difíciles de sobrellevar”. Ha encontrado consuelo en la Plataforma de Afectados por la Okupación “Leyantiocupas” que agrupa a 1.000 víctimas en toda España y han convocado una concentración ante el Congreso de los Diputados el próximo 18 de septiembre a las 12h.

Defienden la puesta en marcha antes de Navidad de un Proyecto de Ley que según subrayan “ponga fin al escenario de desamparo, agravios y perjuicios de las víctimas directas o indirectas de cualquier forma de okupación, ya sea usurpación, allanamiento o inqui-ocupación, que introduzca medios fiables para detectar la falsa vulnerabilidad social, y que actúe contra este delito con independencia de la titularidad de los propietarios, al ser los vecinos víctimas silenciadas y cotidianas de destrozos, vandalismo, inseguridad, insalubridad, y en definitiva, indignidad”.

Tanto desde Lealta Abogados, cuya sede está en Barcelona, como desde Abogado Amigo, con oficina central en Valencia, solo aconsejan la vía penal para quienes ven okupada su vivienda principal. Los infractores se enfrentan a un delito de allanamiento de morada y está penado con 6 meses a 2 años de cárcel. Si además hay violencia la pena de prisión puede ascender hasta a 4 años. Los casos de usurpación se saldan, en cambio mayoritariamente, con multas que la mayoría nunca pagan.

En cambio, para casos tanto de impago de alquiler como de okupación de segundas o terceras residencias recomiendan la vía civil. La denuncia por impago o usurpación no se hará, en este caso, ante la policía o la fiscalía sino directamente ante el juzgado competente que depende de la ubicación de la vivienda okupada, un proceso para el que van a necesitar un abogado y un procurador y que puede costar, una media, de entre 2.000 y 2.500 euros.

¿Cuánto tiempo tardarán en recuperar su propiedad?

Dependerá según explica a COPE José Miguel Serrano miembro de la sección penal del Colegio de Abogados de Madrid y al frente de la oficina de Madrid de Abogado Amigo de la saturación del juzgado en cuestión. “La vía civil es por mi experiencia de 17 años como abogado más rápida y eficaz que la Penal. Todo va a depender también de otro factor, de lo que decida el Gobierno con respecto a nuevas prórrogas para limitar los desahucios que, de momento están vigentes hasta el próximo 31 de octubre”.

“Es algo que está retrasando muchos lanzamientos y aunque también ha habido legislación que prevé una compensación para los propietarios solo se activarán una vez que recuperen sus viviendas y hasta ahora no hay precedentes” subraya.

“Ya antes del COVID un propietario okupado tardaba entre 6 y 12 meses en recuperar su vivienda en Madrid. Ahora con los decretos de vulnerabilidad los procesos se están alargando más de un año”, explica Jaume García de Lealta Abogados.

Los dos coinciden en que un propietario no puede, en efecto, cortar los suministros a las familias que les okupan ya que podrían ser denunciados por coacción. Aconsejan denunciar cualquier enganche ilegal a la luz para no ser perseguidos por la compañía suministradora.

De enero a marzo de 2021 se produjeron 791 denuncias de okupación en España. En ese mismo primer trimestre hubo 8.700 desalojos. Solo una parte de las denuncias hechas ante la Policía acaban en los tribunales. Menos de 3.500 de un total de 13.000 en 2020.

Cataluña es la Comunidad Autónoma donde más denuncias se llevan a cabo. Allí se registran casi la mitad de las que se contabilizan en todo el territorio nacional, más de 6.000. Andalucía, Madrid, y Comunidad Valenciana son otras de las regiones con más reclamaciones por okupación ilegal de vivienda