Víctimas de talidomida: No hay interlocución con el Gobierno, no damos votos

Begoña Fernández

Las víctimas de la talidomida llevan 18 años en una contienda legal para conseguir indemnizaciones y reconocimiento a las gravísimas secuelas que les dejó el fármaco suministrado a sus madres en el embarazo pero la situación está estancada: "No hay interlocución ni con PSOE ni con Podemos, no damos votos".

Doce días después de que la Audiencia Nacional haya desestimado la demanda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), que reclamaba al Estado 400 millones por no pagar las ayudas que contemplaba la ley de Presupuestos de 2018, los afectados han decidido paralizar su recurso al Supremo a la espera de que la Audiencia "aclare" el fallo y explique por qué es "discrecionalidad" del Gobierno abonar o no el dinero.

En una entrevista con Efe, el presidente de la Avite, José Riquelme, subraya la negligencia del Gobierno: "Nadie nos atiende, ni nos cogen el teléfono, ni responden a los correos ni a las redes sociales y el problema seguirá sin resolver mientras no haya alguien en el Ejecutivo que lo haga suyo".

Según Riquelme, la Audiencia Nacional tendrá que aclarar en una sentencia complementaria por qué "el Gobierno puede hacer lo que le dé la gana cuando quiera y como quiera y si opta por no pagar, no pasa nada".

El presidente de Avite, asociación con 300 socios, afirma que "ningún Gobierno de la democracia, ni siquiera cuando PSOE Y PP gobernaron con mayoría absoluta, ha querido solucionar un problema que arrastramos desde hace 66 años (cuando nació el primer bebé con malformaciones por la talidomida)" y recuerda que todos los países del mundo lo solventaron entre los años 70 y 80. "En España están esperando a que nos muramos y así el problema se cierra", añade.

Riquelme explica que solo con el Gobierno de Rodríguez Zapatero hubo un atisbo de interlocución de la mano de la entonces vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega.

Sin embargo, esa interlocución se tradujo en un real decreto en 2010 que Avite considera restrictivo ya que los afectados debían haber nacido entre 1960 y 1965, quedando fuera los nacidos antes, a partir de 1956 y después de 1965 ya que, según la asociación, el fármaco se siguió vendiendo hasta 1985. A estas restricciones se sumaba que la indemnización fijaba un único pago entre 30.000 y 100.000 euros.

En 2018, con la ley de Presupuestos, el PP, que estaba de retirada, aprobó 12.000 euros de indemnización por punto de discapacidad. Según Riquelme, los populares hicieron esto para "meter un gol por la escuadra al PSOE y sabiendo que no estaría en su mano pagarlo".

Riquelme entiende que todas estas luchas les perjudican ya que se les usa a como "cabeza de turco" pero en el fondo no hay voluntad de hacer nada.

Otro tema que sigue en el candelero es la falta de un censo. Según el presidente de Avite, el número de afectados en España podría estar entre 1.500 y 3.000 pero el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), encargado en 2018 por el Ministerio de Sanidad de efectuar un protocolo de reconocimiento, solo ha registrado 127 casos (73 son miembros de Avite y 54 no forman parte de la asociación).

De esta manera podría darse la tesitura de que se aprobasen ayudas solo para los afectados reconocidos quedando en un limbo cientos de personas con las mismas secuelas pero sin el aval del Instituto de Salud.

La principal malformación que causó el fármaco en los fetos fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. El principio activo se distribuyó por todo el mundo con diferentes nombres comerciales y provocó malformaciones a unos 20.000 bebés.

Riquelme recuerda que cuando se fundó Avite en 2004 y con cuatro socios comenzó de forma oficial una batalla por el reconocimiento de su situación. Cuando la asociación ha llegado a la mayoría de edad siguen sin cobrar las ayudas pedidas pero también sin un reconocimiento institucional y sin un pronunciamiento de "perdón público" por parte del Gobierno por los "66 años de olvido".

Aunque la talidomida se dejó de comercializar de manera oficial en 1965, "de forma oficiosa se siguió vendiendo hasta 1985", según el presidente de Avite.

Y a la espera de que la justicia aclare la última baza legal, los asociados insisten en que la talidomida fue un "atentado farmacológico antes de nacer" y sus madres fueron "envenenadas" y aunque el colectivo ha conseguido hacerse visible, hay mucha confusión entorno a su problema y creen que se ha trasladado la falsa idea de que el tema está cerrado.