WhatsApp y Telegram podrían pagar una tasa como operadores en España

El Gobierno de España somete desde este viernes a audiencia pública el anteproyecto de ley general de Telecomunicaciones, que podría aprobar a mediados de 2021 y que contempla aplicar por primera vez, con condiciones, una tasa a los operadores de mensajería instantánea del tipo WhatsApp o Telegram.

Este anteproyecto, que también posibilitará la supresión de las cabinas telefónicas, estará en audiencia pública hasta el 13 de octubre y constituye una de las "principales medidas" de la Agenda España Digital 2025, que presentó el gobierno en julio, según ha anunciado el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.

Además de regular el sector de las telecomunicaciones, uno de los objetivos de esta ley es el de trasponer la directiva de la UE del Código de las Comunicaciones Electrónicas, para lo que había de plazo hasta este 31 de diciembre.

UN EURO POR CADA MIL DE FACTURACIÓN

Entre las novedades de este anteproyecto, figuran la obligatoriedad de registrarse a los operadores de mensajería instantánea sin numeración (servicios tipo WhatsApp y Telegram), a los que contempla aplicar una tasa de 1 euro por cada 1.000 que ingresen al año, siempre que facturen en España más de 1 millón de euros.

Estos operadores deberán de comunicar anualmente lo que ingresan por servicios de telecomunicaciones y, a partir de ahí, se verá si se les aplica la tasa o no en función de sus ingresos.

Ha citado como ejemplo de operadores de mensajería instantánea a WhatsApp y a Telegram.

Preguntado por la forma en que WhatsApp puede ingresar 1 millón de euros, teniendo en cuenta que es gratuito, ha afirmado que esto no se dirige a un operador concreto. En cualquier caso, puede haber operadores que en este momento no facturen nada, pero sí en el futuro.

Este anteproyecto no va destinado a regular a un operador concreto, ha apuntado Sánchez: "No quiero fijarme en ninguno de ellos, ya que pueden haber muchísimos".

CABINAS

Se eliminan estos elementos como parte del servicio universal obligatorio que se deben de prestar al ciudadano, lo que posibilitará su supresión.

UN ANTEPROYECTO DE 114 ARTÍCULOS

Este anteproyecto de ley, compuesto por 114 artículos, 20 disposiciones adicionales, 14 transitorias y 5 finales, tiene "vocación de abarcar el conjunto de las telecomunicaciones".

Otro aspecto relevante de este anteproyecto es que se genera el "clima adecuado" para facilitar inversiones en el sector de las telecomunicaciones, unas medidas de apoyo al despliegue de infraestructuras que eran novedosas en Europa, aunque no en España.

Precisamente, estas medidas que existían en la antigua ley es la que ha facilitado que España sea el país de la UE con mayor red de fibra óptica (más del 80,4 % de la población, un 46,4 % en zonas rurales.

ESPECTRO PARA EL 5G

De este modo se introduce una revisión de normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, y en este contexto se incluye por ejemplo la determinación de un mínimo de 15 años para las adjudicaciones de espectro, con una prórroga mínima de otros 5.

De esta manera, la duración del acuerdo de operadores en la adjudicación del espectro es de un mínimo de 20 años, lo que da mayor certidumbre en sus inversiones.

USUARIOS

EL anteproyecto incluye una serie de medidas para reforzar los derechos de usuarios frente a los operadores, en lo que atañe a la transparencia de contratos, a introducir herramientas que faciliten la comparación de ofertas y también a los paquetes de servicios.

PORTABILIDAD

En cuanto a la portabilidad de número de una compañía a otra, contempla la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil cuando se cambia proveedor; la de conservar el saldo en las tarjetas prepago; y la obligatoriedad a los operadores a mantener el número de teléfono hasta un mes después.

EMERGENCIAS

El anteproyecto también regula el servicio de comunicaciones de emergencias sobre el que se apoya el número 112. Así, se contempla la posibilidad de usar los datos de localización del que realiza la llamada, así como la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas.

INFRAESTRUCTURAS TRANSFRONTERIZAS

El anteproyecto también incluye la regulación de las infraestructuras transfronterizas (cables submarinos y centros de datos), los cuales tienen una importancia estratégica para España, teniendo en cuenta que quiere convertirse en el "hub" (centro) digital del Sur de Europa, de acuerdo con la Agenda España Digital 2025.

En total existen más de 406 cables submarinos, y 4.600 centros de datos, de los que alrededor del 4 % y el 1 %, respectivamente, están en España.

NO REGULA LA CIBERSEGURIDAD, NI FIJA VELOCIDAD MÍNIMA

Este anteproyecto no hace referencia a proveedores 5G, ya que los aspectos relacionados con la ciberseguridad 5G se contemplará en otro anteproyecto posterior sobre seguridad.

En esta ley, tampoco se establece una velocidad mínima en el servicio universal de telecomunicaciones, ya que esta será objeto de procesos reglamentarios posteriores.

PLAZOS

La idea es que el anteproyecto entre en el parlamento a primeros de 2021. Siendo "prudentes" se prevé que la ley esté aprobada a finales del segundo trimestre de 2021 o principios del tercero.

La ley debería de estar traspuesta antes del 31 de diciembre de 2020, pero no "se llegará a tiempo". Se busca "el menor retraso posible" en este contexto de coronavirus.