Las consecuencias legales que ha tenido para Irene Montero su posicionamiento en la serie de Rocío Carrasco

La docu-serie de Telecinco, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', ha sido un auténtico fenómeno de masas y motivo de un gran debate en la opinión pública, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Desde el momento de su estreno, el impacto del formato consiguió atraer la atención de incluso importantes rostros de nuestra política, como fue el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra.

Las palabras de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco sobre su experiencia en la relación que mantuvo con Antonio David Flores ha dado para mucho durante casi tres meses, pero semanas después de finalizar esta primera parte de la vida de Rocío Carrasco, se ha dado a conocer una noticia que tiene que ver con la serie y que afecta de lleno a la titular de la cartera de Igualdad.

Según publican varios medios de comunicación, varias asociaciones han denunciado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante la Comisión Europea por "linchar" públicamente a Antonio David Flores, acusándoles de maltrato sin prueba.

En su escrito, estas asociaciones señalan que la política de Unidas Podemos habría quebrantado el artículo 4.1 de la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 9 de marzo de 2016.

Este artículo hace referencia a que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no haya probado culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena" solicita que no se refiera a dicha persona como culpable.

En este sentido, según apuntas los medios que han recogido la noticia, entre otros 'La Razón y 'ABC', esta no es la única denuncia contra Irene Montero, ya ya que existen otras y por ello se ha tenido que hacer un filtro y establecer un formulario para que otros colectivos pudieran sumarse.

Ante este panorama, Irene Montero decidió mantener su versión, acusando a Antonio David Flores de ser un maltratador, por lo que las asociaciones responsables de la denuncia decidieron recurrir al Tribunal de Derechos Humanos, al igual que al Defensor del Pueblo por una vulneración de la presunción de inocencia.

En definitiva, la Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia redactada por las asociaciones interesadas, y por tanto examinarán si la ministra de Igualdad ha caído en una vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

El fenómeno de Rocío Carrasco ha traspasado la escena televisiva y muchos rostros conocidos de nuestro país ha querido posicionarse en el caso. Ahora, Telecinco y la hija de Rocío Jurado trabajan en una segunda parte dedicada a la relación de la hija de Pedro Carrasco con su familia materna.