Defensor de Pueblo recuerda que urgen renovables ante quejas a su instalación

El Defensor del Pueblo recibió en 2021 numerosas quejas contra la instalación de parques fotovoltáicos y eólicos, a las que ha respondido recordando que las renovables son necesarias para frenar el cambio climático y que existen suficientes mecanismos para asegurar la protección ambiental.

En su informe de 2021, el Defensor del Pueblo recoge que las quejas, procedentes de distintos puntos de España, fueron presentadas por asociaciones ambientalistas y ciudadanos que se oponen a estas plantas con el argumento de que perjudican a la biodiversidad, a los espacios protegidos y al paisaje.

Según el organismo supervisor, las administraciones públicas estatal y autonómicas están tramitando los procedimientos de evaluación ambiental de esos proyectos, lo que implica que aún se están valorando los posibles impactos sobre el medio ambiente y que no se han adoptado decisiones definitivas sobre su implantación.

"Por eso, esta institución no ha apreciado en estos casos indicios de irregularidad o actuaciones incorrectas de las administraciones que justificaran una intervención y ha entendido procedente esperar a que la evaluación ambiental concluya", según la misma fuente.

El Defensor del Pueblo, añade el documento, tiene muy presentes los informes de la ONU sobre los efectos del cambio climático (IPCC) y sobre la necesidad de llevar a cabo, sin demora, la transición energética desde un modelo basado en combustibles fósiles a otro basado en fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica.

Este es un objetivo prioritario, según el organismo, que reconoce la dificultad que entraña ordenar el despliegue de las instalaciones renovables conciliando todos los intereses concurrentes, entre ellos, mantener o transformar el modelo de desarrollo existente en los territorios afectados por el despliegue.

En su opinión, la dificultad de acometer esta tarea se debe, en la situación actual, a la necesidad de actuar con rapidez y no tanto al reparto de competencias entre administraciones o al hecho de que los promotores de los proyectos sean privados, pues el Estado puede ejercer sus potestades de planificación general de la economía.

Además, a su juicio, existen suficientes instrumentos jurídicos en vigor (leyes nacionales e internacionales), que aseguran la protección de los espacios naturales y de las especies de fauna y flora y el paisaje.

Todo ello, unido a una evaluación de impacto ambiental rigurosa de cada proyecto de instalación fotovoltáica o eólica, "debiera ser suficiente para asegurar una adecuada protección del patrimonio natural", concluye el Defensor del Pueblo en su informe anual.

La evaluación de impacto ambiental, recuerda, requiere que las administraciones tengan en cuenta consideraciones de tipo ambiental antes de aprobar un plan, por ejemplo, de infraestructuras de transporte o de energía.

Asimismo, permite a la administración determinar si un proyecto concreto es viable o no desde el punto de vista ambiental y, en ese caso, fijar las condiciones que deben cumplirse para prevenir, corregir o compensar los impactos negativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de su ejecución.